En medio del debate abierto en la Legislatura santafesina por el proyecto de reforma del Código Procesal Penal impulsado por el gobierno de Maximiliano Pullaro, comenzaron a multiplicarse las voces críticas desde distintos sectores políticos, judiciales y académicos. La iniciativa buscan modificar aspectos del proceso penal, ampliar facultades policiales y endurecer herramientas vinculadas a la investigación y ejecución de penas.
En ese contexto, la abogada y docente universitaria Jaquelina Balangione analizó el alcance de la propuesta y expresó fuertes reparos sobre algunos de los cambios planteados. En diálogo con Amanecer no es poco, por LT9, sostuvo que la iniciativa “toca garantías constitucionales” y advirtió “no se puede salir del Estado de Derecho”.
“El derecho de defensa es intocable”
Balangione explicó que el debate debe entenderse dentro del marco constitucional argentino y recordó que el artículo 18 de la Constitución Nacional establece principios esenciales del debido proceso penal, como el derecho de defensa, la presunción de inocencia y las limitaciones al poder punitivo del Estado.
“Las personas somos consideradas inocentes hasta que a través de un juicio previo se demuestre lo contrario”, señaló. En este sentido, advirtió las garantías se consagran pensadas para toda la sociedad, por lo tanto las modificaciones también impactarán en el conjunto social, “no están pensadas para las personas que cometen delitos, sino para toda la sociedad, porque al consagrar el Estado de Derecho, el Estado se pone límites a sí mismo, en este caso para garantizar que no haya situaciones de abuso policial o judicial sobre todas las personas, garantía que con estas propuestas, se pretende disminuir”, detalló.
Entre los puntos cuestionados, mencionó la posibilidad de que la policía tome declaraciones sin presencia de abogados defensores y la habilitación de allanamientos sin orden judicial en determinados casos. Según indicó, esas medidas “tocan cuestiones pétreas de la Constitución”, en referencia a derechos considerados fundamentales dentro del sistema republicano.
Además, remarcó que “el derecho de defensa en juicio es la columna vertebral del debido proceso penal” y consideró que modificar esas garantías implicaría “dar muchos pasos para atrás” como sociedad.
Debate político y críticas al endurecimiento penal
En lo que refiere a mejoras en el área de seguridad, Balangione consideró que el endurecimiento de normas penales no necesariamente se traduce en mejores resultados en materia de seguridad pública.
“Venimos aplicando este tipo de normas restrictivas de garantías y seguimos teniendo niveles muy altos de violencia. Me parece que no es el camino que conduce a la erradicación de la inseguridad”, afirmó.
Por otra parte, hizo referencia al impacto político que generó la discusión y consideró que el tratamiento legislativo recién comienza. “Esto hay que verlo con la cabeza fría y darle un amplio debate”, sostuvo.
Por último, insistió en que la discusión debe darse desde una mirada institucional y no desde la confrontación política. “El respeto por nuestras instituciones no se va a ganar con peleas, se va a ganar con conocimiento y teniendo claro cuáles son los postulados que como sociedad nos benefician”, concluyó.
