La situación de las instituciones y prestadores de servicios para personas con discapacidad en la provincia de Santa Fe y en todo el país ha llegado a un punto crítico. En una entrevista con La Nueva Nueve, la diputada nacional Karen Tepp describió un escenario de “vulneración total” producto de la falta de financiamiento y el retraso en los pagos por parte del Estado Nacional.
“La mayoría de los prestadores de nuestra provincia ya no pueden sostener sus instituciones: estamos hablando de hogares, centros de día y lugares de rehabilitación”, explicó la legisladora. Según Tepp, el conflicto radica en la deuda que el programa Incluir Salud mantiene con los prestadores desde el mes de diciembre, sumado a una reglamentación de la ley que va en contra de lo aprobado por el Congreso.
Incumplimiento de la Ley y “fraude” reglamentario
Tepp recordó que el Congreso de la Nación logró sostener la Ley de Emergencia en Discapacidad tras revertir un veto presidencial, pero denunció que el Ejecutivo nacional ignora su cumplimiento. “Estamos ante una situación en la cual las máximas autoridades del país no respetan la ley. La reglamentación que hizo el poder ejecutivo es totalmente arbitraria y contraria a lo que establece la norma”, subrayó.
Uno de los puntos más sensibles es el retraso en los aranceles. “La ley dice que hay que retrotraer el pago de las prestaciones a los valores de diciembre de 2023. Sin embargo, hay una pérdida acumulada de casi un 30% y una subejecución presupuestaria alarmante”, detalló la diputada.
Pedido de interpelación y juicio político
Ante esta crisis, la legisladora informó que presentó un proyecto para citar e interpelar al ministro de Salud, Mario Lugones, a quien señala como el responsable político directo. “Estamos viendo incumplimientos de deberes de funcionario público. Se está destruyendo un sistema de salud pública que llevó 40 años construir”, enfatizó.
Incluso, Tepp adelantó que acompaña pedidos de juicio político contra el ministro, argumentando que no se trata solo de un tema presupuestario, sino de una postura “cruel e insensible” del Gobierno.
“Cualquiera de nosotros puede tener una discapacidad, permanente o temporal, en algún momento de su vida. El sistema está para brindar apoyos y ganar autonomía. Hoy, el único fraude que existe en torno a la discapacidad es la reglamentación del Ejecutivo que le quita derechos a la gente”, concluyó.
Crisis de legitimidad
Consultada sobre si existe el volumen político para avanzar con una medida tan drástica como el juicio político, Tepp señaló que el escenario en la Cámara Baja ha cambiado desde diciembre. “Esa facilidad que tenía el Gobierno para conseguir aliados se está erosionando. Hoy hay una crisis de legitimidad política y el tema de discapacidad goza de una transversalidad que incluso el Gobierno no pudo quebrar en su mejor momento”, analizó.
Para la diputada, el ataque al sistema de discapacidad forma parte de un plan mayor de “desestructurar los pilares de la Argentina”, trazando un paralelismo directo con el conflicto universitario. “Es una situación similar a la de las universidades. El Gobierno tiene como horizonte la destrucción de la clase media y de los mecanismos de movilidad social ascendente. Es el modelo del ‘sálvese quien pueda’ y la ley del más fuerte”.
El reclamo al Gobierno de Santa Fe
Uno de los puntos más destacados de la entrevista fue el llamado de atención a la gestión provincial. Tepp relató que en recientes reuniones en la ciudad de Santa Fe, instituciones locales manifestaron su desesperación ante el cierre inminente de centros de día y hogares.
“El Gobierno Provincial debe involucrarse más. No digo que tenga que suplir todo lo que el Nacional deja de hacer, pero no puede mirar para el costado. Quienes se quedan sin servicios son santafesinos y santafesinas, son nuestros vecinos, y el impacto en la vida de estas familias es devastador“, sentenció.
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