En el inicio de una semana en la que intentará retomar las riendas de la agenda pública, el gobierno de Javier Milei estuvo atento a lo que ocurrió en la reunión de los gobernadores de 23 provincias y el jefe de gobierno porteño, que se reunieron-la mayoría vía presencial y algunos por zoom-en la sede alternativa del Consejo Federal de Inversiones (CFI), ubicada en Azopardo al 700.
A diferencia de la reunión anterior, hace 20 días, en este caso fueron los mismos gobernadores quienes decidieron juntarse, habida cuenta de la acumulación de distintos reclamos compartidos. Tal vez por esa razón, y con la intención de calmar ánimos están en el CFI el vicefeje de gabinete de Interior, Lisandro Catalán, y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, para dar respuesta a dos reclamos puntuales de los mandatarios provinciales: la idea de coparticipar un porcentaje mayor de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), y también el pedido de un aporte mayor para las provincias del impuesto a los combustibles.
Disconformes con lo conversado, aunque sin romper del todo los puentes, los gobernadores redactaron, al término de la reunión, un proyecto de ley con esos mismos dos puntos. Firmaron todos, en lo que uno de los mandatarios definió como “un punto de inflexión” en vínculo de las provincias con la Casa Rosada.
“Proponemos un Proyecto de Ley mediante el cual se decide la eliminación de todas los fondos fiduciarios que se financian con el Impuesto a los Combustibles Líquidos (Ley 23.966) para que tanto Nación como las 24 jurisdicciones puedan destinar esos fondos según las prioridades que cada uno defina”, dice el comunicado, que lleva la firma de 24 representantes de las provincias.
“Por otra parte, en el marco de la crisis económica que afecta los ingresos tanto del Gobierno Nacional como de las Provincias, definimos que el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional se distribuya entre Nación y provincias de acuerdo con la coparticipación primaria y secundaria de la Ley 23.548″, agregaron los mandatarios provinciales con la certeza “de que su sanción no afectará la sustentabilidad de las finanzas públicas nacionales y que, complementariamente, generará más federalismo a partir de la mayor equidad distributiva de recursos originados en todo el territorio nacional, propiciando mayor capacidad de respuesta tanto a Nación y Provincias de las demandas de la sociedad en el marco de la crisis”. Una crisis que, según susurró otro mandatario provincial, “el Gobierno no ve”.
Escucharon en vivo a los funcionarios nacionales 16 gobernadores. Fueron los peronistas aliados al Gobierno Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán); el cordobés Martín Llaryora; el rionegrino Alberto Weretineck; el salteño Gustavo Sáenz; los radicales Alfredo Cornejo (Mendoza) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe); los peronistas-kirchneristas Axel Kicillof (Buenos Aires), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Sergio Ziliotto (La Pampa); los macristas Jorge Macri (jefe de gobierno porteño), Ignacio Torres (Chubut) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos); el sanjuanino Marcelo Orrego, el puntano Claudio Poggi (San Luis) y el misionero Hugo Passalaqua. Se sumaron más tarde Carlos Sadir (Jujuy) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero), y enviaron a sus vicegobernadores las provincias de Chaco, La Rioja, Neuquén y Santa Cruz. Los gobernadores de Formosa y Corrientes, que no enviaron representantes, se conectaron vía remota.
Al término de la reunión, desde el Gobierno dieron una visión más optimista. “Fue una reunión positiva, con mucho diálogo, que pensamos repetir en el futuro”, comentaron fuentes oficiales, sin mencionar la postura de los gobernadores. Destacaron que los funcionarios “llevaron una contrapropuesta” a las inquietudes, que los mandatarios prometieron analizar. Sin bajar la ventanilla de sus autos, los gobernadores se fueron sin hablar con la prensa. Los gobernadores Ziliotto y Jalil se quedaron en el piso 21 del edificio, redactando un comunicado conjunto que expresó la visión del colectivo de mandatarios provinciales. “No queremos romper, pero sí pedir lo que creemos que nos corresponde”, matizaron desde otra gobernación a este diario.
Antes de la reunión, pocos mandatarios esperaban irse con resultados concretos. “Sabemos que se reunieron los gobernadores y estamos abordando cómo avanzar con el tema de los impuestos a los combustibles y los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) para ver si podemos llegar a un entendimiento. Siempre tenemos una actitud positiva, pero a veces no dan los números”, sostuvo esta mañana el jefe de gabinete, Guillermo Francos, en declaraciones a Cadena 3 desde Córdoba.
“Hay diálogo, los puentes no están rotos”, comentaron fuentes oficiales, intentando bajar la espuma del reclamo de los gobernadores, que fueron “a escuchar que nos dice el Gobierno”, como explicaron cerca de uno de ellos a este diario, pero salieron con un proyecto de ley bajo el brazo.
“Es algo normal, pedirán plata. Lo vemos como parte del juego”, anticipaban otras dos voces el oficialismo, aunque algunos mandatarios provinciales habían elevado el tono del reclamo en las últimas horas.
“Al paso que vamos va a haber un costo social muy importante en Argentina si el gobierno nacional no reacciona en tiempo y forma”, dijo el gobernador de Tucumán Jaldo, días atrás en la conmemoración del Día de la Bandera. Habitualmente cercano al oficialismo, Jaldo planteó que en la reunión “vamos a plantear el tema fiscal de las provincias, pero también vamos a llevar casos concretos”. También remarcó que se hablaría de comercios e industrias que “se van cerrando en las provincias”, con un foco no solo en el Estado provincial, sino también en la actividad privada.
Con una baja ostensible en la recaudación por una baja en el consumo, los gobernadores protestan también por el abrupto corte en la obra pública nacional, mientras desde el Gobierno apuntan al equilibrio fiscal como prioridad. Los mandatarios enarbolan un reciente informe de la Auditoría General de la Nación (AGN), que advirtió que hay por lo menos unos 47 créditos internacionales otorgados a las provincias por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y Fonplata, subejecutados, y cuyos fondos no llegan a destino.
Consejo
En este contexto de reclamos crecientes, el Gobierno organizará mañana desde las 9 la primera reunión del Consejo de Mayo, establecido en el Pacto de Mayo firmado el 9 de julio pasado por 18 provincias, y que contiene diez puntos de consenso que deberían convertirse en proyectos de ley a ser tratados en el Congreso.
Encabezado por Francos, estarán mañana en la Casa Rosada el diputado Cristian Ritondo (Pro) y la senadora Carolina Losada (UCR); el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo; el gremialista del rubro de la construcción, Gerardo Martínez, en representación de la CGT, y Martín Rappallini, flamante titular de la UIA, por el empresariado. Antes de publicar el decreto de designaciones, el 5 de este mes, el Consejo ya tenía como representante del Poder Ejecutivo al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Se designó, en el mismo decreto, a la joven María Cecilia Domínguez Diacoluca, egresada de la Universidad Di Tella y miembro del staff de Sturzenegger, como secretaria técnica del Consejo.
