Trabajar ya no garantiza vivir bien. Cobrar un sueldo no asegura tranquilidad y el esfuerzo cotidiano de millones de argentinos parece haberse convertido en una carrera para sostener lo indispensable. La estabilización económica necesita demostrar que también puede mejorar la vida de la gente.
Hay algo profundamente contradictorio en un país donde trabajar dejó de ser una garantía para vivir mejor. Donde cobrar el sueldo no significa estar tranquilo, sino empezar a calcular cuánto tiempo durará. Donde llenar el changuito del supermercado exige comparar precios, descartar productos y, muchas veces, volver a dejar algo en la góndola.
La Argentina que trabaja también está haciendo un esfuerzo enorme. Pero ese esfuerzo no siempre se traduce en progreso. Para muchos, la preocupación dejó de ser cuánto pueden ahorrar o qué proyecto pueden concretar. La prioridad es bastante más elemental: pagar las cuentas, comprar alimentos y llegar al próximo salario sin recurrir al endeudamiento.
Los números ayudan a entender esa realidad.
Según el último dato disponible de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), en septiembre el salario promedio alcanzó los 2.022.244 pesos, con una suba interanual del 30,3%. En el mismo período, la inflación fue del 33,4%. Es decir, ese indicador salarial quedó por detrás de los precios.
A su vez, el salario promedio del sector privado registrado llegó a 2.304.102 pesos en agosto, con un incremento nominal interanual del 31,6%.
No son cifras que describan la totalidad del mercado laboral, pero sí permiten observar una dificultad persistente: los ingresos no evolucionan de la misma manera que las necesidades de los hogares.
Y hay otro dato que merece atención. En octubre, la inflación fue del 2,2%, pero los servicios aumentaron un 2,7% y el rubro vivienda, agua, electricidad y gas registró una suba del 4,2%. La desaceleración de los precios no elimina el peso de los gastos que todos los meses llegan puntualmente a cada casa.
La discusión, entonces, no puede agotarse en si la inflación baja unas décimas o si determinado indicador muestra una mejora. La pregunta es cuánto puede comprar una familia con sus ingresos y qué calidad de vida puede sostener.
Porque detrás de las estadísticas hay una realidad que se repite: familias que dejaron de salir, que suspendieron actividades de sus hijos, que postergan arreglos en sus viviendas y que utilizan la tarjeta de crédito para cubrir gastos cotidianos. Hay trabajadores que necesitan sumar horas, buscar otro empleo o realizar alguna changa para completar sus ingresos.
El crédito, que debería servir para financiar proyectos, termina funcionando como un salvavidas para llegar al próximo cobro. El sueldo siguiente empieza a gastarse antes de ser percibido. Y así, la economía doméstica queda atrapada en una rueda de obligaciones que no da respiro.
El deterioro también modifica las expectativas. Hay jóvenes que no pueden independizarse, familias que abandonan proyectos y trabajadores que dejaron de pensar en progresar para concentrarse en no retroceder.
No es solamente una cuestión de consumo. Es una cuestión de futuro.
Mientras tanto, el debate público suele quedar atrapado entre las cifras macroeconómicas, las disputas políticas y las explicaciones sobre las responsabilidades del pasado. Todo eso importa. La herencia recibida importa, las decisiones del presente importan y los resultados también importan. Pero ningún programa económico puede evaluarse exclusivamente por sus objetivos. También debe juzgarse por sus consecuencias.
El Gobierno tiene derecho a plantear que el ordenamiento económico necesita tiempo. Pero la sociedad también tiene derecho a preguntar cuánto falta, quiénes están pagando el costo y cuándo comenzarán a sentirse los resultados.
La estabilización es necesaria. Nadie puede defender una economía condenada a la inflación permanente, sin previsibilidad y sin capacidad de planificar. Pero el equilibrio de las cuentas públicas no puede convertirse en el destino final de un programa económico. Tiene que ser una herramienta para recuperar la producción, generar empleo, mejorar los ingresos y ampliar las oportunidades.
La sociedad argentina viene haciendo sacrificios desde hace demasiado tiempo. Distintos gobiernos, distintas recetas y distintos discursos le pidieron paciencia, comprensión y esfuerzo. El problema aparece cuando el sacrificio se vuelve permanente y la mejora siempre queda para más adelante.
Hay un riesgo todavía mayor que la pérdida del poder adquisitivo: acostumbrarse al deterioro. Naturalizar que tener empleo no alcance para vivir con tranquilidad, que una familia deba resignar necesidades o que proyectar un futuro mejor parezca un privilegio.
Hace unos días, tuvimos al Sumo Pontífice, visitando nuestro país, un Papa que en varios de sus discursos habló de la situación económica de gran parte de la sociedad Argentina.
La frase exacta expresada por el Papa León XIV durante su discurso en el Palacio Libertad frente al presidente Javier Milei fue “La economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía”
León XIV remarcó que la actividad económica no es un fin en sí mismo, sino que debe priorizar la dignidad humana, el bien común y el bienestar de las familias por encima de los ajustes o las variables macroeconómicas.
Un país no puede pedirle indefinidamente esfuerzos a su sociedad sin mostrarle para qué sirven y cuándo comenzarán a dar resultados.
La estabilidad económica no puede medirse solamente desde los despachos oficiales, los mercados o las planillas de Excel. También debe medirse en la mesa familiar, en el changuito del supermercado, en el recibo de sueldo y en la posibilidad de llegar a fin de mes sin vivir permanentemente al límite.
Porque la Argentina no necesita solamente que cierren sus números. Necesita que vuelvan a cerrar las cuentas de quienes trabajan, producen y sostienen todos los días el funcionamiento del país.
Y si trabajar sigue sin alcanzar para vivir dignamente, la recuperación todavía tiene una deuda enorme con la sociedad.
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