La media sanción del Senado a la reforma de la Ley de Glaciares ha encendido las alarmas en los sectores académicos y ambientales. El abogado especialista en Derecho Ambiental, Lucas Micheloud, fue contundente al señalar que el proyecto es “escandalosamente regresivo e inconstitucional”. Según el letrado, la modificación de la norma no responde a una necesidad social, sino al lobby de un puñado de empresas mineras con proyectos en San Juan y Mendoza.
El agua dulce en peligro
El punto más crítico de la denuncia radica en la desprotección de los reservorios hídricos. “Se pone en riesgo la vida de miles de pueblos que dependen de 69 ríos que nacen del deshielo de glaciares y ambientes periglaciares”, explicó Micheloud. El abogado aclaró que no se trata de una discusión contra la minería en general, sino sobre su ubicación: “Lo que planteamos es que no se haga minería sobre las reservas de agua dulce. No queremos que se utilice dinamita sobre los ambientes que garantizan la vida de parajes y poblaciones enteras”.
Una audiencia con 90.000 inscripto
Micheloud también calificó de “fraude” el mecanismo de participación ciudadana que intenta implementar la Cámara de Diputados. Ante una inscripción masiva que supera los 85.000 ciudadanos, el oficialismo propuso que solo hablen 300 personas y el resto suba un video a YouTube.
“Es un disparate que viola el reglamento interno y el Acuerdo de Escazú. Por eso, presentamos una medida cautelar autónoma en la Justicia para que se garantice el principio de oralidad y se amplíe el calendario de debate”, detalló por LT9.
Denuncia penal por conflicto de intereses
Finalmente, el especialista adelantó que iniciarán acciones legales contra funcionarios y legisladores. Apuntó directamente contra la senadora Flavia Royón: “Es una lobista con consultora propia para las mineras que votó en el Senado cuando debió abstenerse. Hay un conflicto de intereses escandaloso detrás de esta ley que busca favorecer a corporaciones como Veladero y BHP por encima del interés público”.
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