Hay momentos en los que una medida puede tener una lógica desde el punto de vista fiscal, pero terminar generando un problema económico mucho más grande. Creo que eso es lo que está pasando con los embargos de ARCA a las pequeñas y medianas empresas.
Aclaremos algo desde el principio: los impuestos hay que pagarlos. No estoy discutiendo la obligación tributaria ni la necesidad de que el Estado recaude. El problema es cómo se actúa frente a una empresa que está atravesando dificultades financieras, que tiene que pagar salarios, proveedores y deudas, y que empieza a atrasarse con sus obligaciones impositivas porque no le alcanza la plata para cubrir todo.
En muchos casos, cuando una pyme tiene problemas de caja, lo primero que posterga es el pago de impuestos. Se atrasa con el IVA, con Ganancias o con otras obligaciones para poder sostener los salarios y mantener la actividad. La información sobre esas deudas está en manos del organismo recaudador, que conoce qué debe cada contribuyente.
El problema aparece cuando se pasa rápidamente de la demora al embargo de las cuentas bancarias.
Y acá creo que el Gobierno está cometiendo un error.
Cuando cobrar una deuda puede comprometer la continuidad de una empresa
El procedimiento puede ser particularmente complicado para una pyme. Según lo que se está observando, entre la intimación y el embargo puede transcurrir un plazo muy breve. Y aunque la empresa consiga reunir el dinero y pagar la deuda, todavía puede enfrentar dificultades para que se levante la medida y recuperar la operatoria bancaria.
Ese proceso no siempre es inmediato. Puede demorar varios días y, mientras tanto, la empresa tiene problemas para operar, pagar a sus proveedores y cumplir con sus compromisos.
Pensemos lo que significa eso para un negocio que necesita mover dinero todos los días para funcionar. Una cuenta embargada no es solamente una deuda fiscal pendiente: puede convertirse en un obstáculo para sostener toda la actividad.
Además, los planes de pago tienen costos y hay contribuyentes a los que se les caen los acuerdos que habían conseguido. Cuando eso sucede, el problema puede agravarse todavía más.
Por eso me parece que hay que mirar el contexto. La Argentina tiene sectores a los que les está yendo muy bien, pero hay otros que están peleando por sobrevivir. Si a estos últimos se les embargan las cuentas, el Estado corre el riesgo de empujarlos todavía más hacia una situación de la que después va a ser difícil salir.
Es cierto que el Gobierno necesita recaudar. La recaudación comparada con la inflación es una de las variables que hay que seguir de cerca. Y también es posible que el deterioro de los pagos tributarios haya llevado a profundizar los controles.
Pero una cosa es perseguir la evasión y otra es aplicar mecanismos que pueden terminar asfixiando financieramente a empresas que todavía tienen posibilidades de continuar.
El objetivo debería ser cobrar los impuestos sin destruir la capacidad de producir y generar empleo. Porque si una empresa cierra, el Estado no solamente deja de cobrar esa deuda: también pierde actividad económica, puestos de trabajo y futuros ingresos tributarios.
No es el momento para avanzar sin contemplaciones sobre las pymes y los monotributistas que están teniendo dificultades para cumplir con sus obligaciones.
Inflación y crecimiento: dos números para seguir de cerca
La discusión sobre las empresas se da, además, en un escenario económico que todavía presenta dificultades. Este martes se conocerá la inflación de septiembre y las estimaciones apuntan a un registro cercano al 2%, por encima del 1,7% de agosto.
Una parte de esa suba podría explicarse por el comportamiento de los alimentos frescos, especialmente frutas y verduras. Las condiciones climáticas, las lluvias y las dificultades de producción, transporte y distribución pueden afectar los precios de estos productos.
También hay que tener en cuenta cómo se mide la inflación. La ponderación de cada rubro influye en el resultado: si los alimentos y las bebidas aumentan más que los servicios, el índice general refleja esa diferencia. Por eso, además del número mensual, será importante mirar la evolución de los precios durante el año y compararla con los ingresos.
Llegados a septiembre, la pregunta para cada familia es concreta: ¿los ingresos le ganaron a la inflación, quedaron empatados o perdieron poder adquisitivo?
Las proyecciones de crecimiento tampoco permiten dar por resueltos los problemas de la economía. El Fondo Monetario Internacional estimó que la Argentina crecerá alrededor de un 2% este año, con una previsión algo más optimista que algunas de las proyecciones del mercado, que ubican la expansión en torno al 1,5% o el 2%.
Pero el crecimiento agregado no significa que todos los sectores estén mejorando. Puede haber actividades que se expandan con fuerza mientras otras pierden ventas, reducen su producción o tienen dificultades para cumplir con sus obligaciones.
Y esa diferencia importa cuando se diseñan las políticas económicas. No es lo mismo actuar sobre una empresa que está creciendo y tiene capacidad para afrontar sus compromisos que hacerlo sobre una pyme que apenas consigue sostener su funcionamiento.
Una economía con capacidad para producir
La Argentina tiene sectores productivos con un potencial extraordinario. Un ejemplo es el maní: el país se encuentra entre los principales productores y exportadores mundiales, con Córdoba como la principal provincia productora.
Es una muestra de que, incluso en un contexto económico complejo, existen actividades capaces de competir internacionalmente y generar ingresos para el país.
Muchas veces nos detenemos en los problemas argentinos, y motivos sobran. Pero también hay que reconocer lo que funciona y preguntarse qué condiciones permitirían que ese potencial se extendiera a más sectores.
Para producir hacen falta mercados, inversión, crédito y reglas de juego previsibles. Y para que las empresas puedan aprovechar esas condiciones, primero tienen que estar en funcionamiento.
Por eso vuelvo al punto inicial. El Estado tiene que recaudar y los contribuyentes tienen que cumplir con sus obligaciones. Pero las herramientas de cobro deben contemplar la situación económica y las consecuencias que pueden generar.
Si el objetivo es ordenar las cuentas públicas, asfixiar a las empresas que están intentando sobrevivir puede terminar siendo contraproducente. La recaudación es necesaria, pero también lo es preservar la actividad que genera empleo, producción e ingresos futuros.
Porque una economía no se ordena solamente cobrando lo que debe. También necesita que sus empresas puedan seguir abiertas, producir y crecer.
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