Funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, junto a fiscales del Ministerio Público de la Acusación, supervisaron este viernes el derribo de un búnker de venta de drogas en Fray Luis Beltrán. Se trata de la intervención 112 desde la implementación de la Ley de Microtráfico, impulsada por la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro.
La inactivación tuvo lugar en calle 1º de Mayo al 700, en barrio Granaderos, y fue encabezada por el secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira; la fiscal de Menores, Virginia Gabenara; y el fiscal Franco Carbone.
“Seguimos consolidando este trabajo junto al Ministerio Público de la Acusación y la Justicia, en el marco de la implementación de la Ley de Microtráfico. Entendemos que es una herramienta fundamental; la realidad así lo ha demostrado”, señaló Pereira.
El funcionario precisó además que ya son 112 los búnkers inactivados en toda la provincia y destacó que el cordón industrial -donde se ubica Fray Luis Beltrán- se posiciona entre las zonas con mayor cantidad de intervenciones, junto con Rosario y la ciudad de Frontera, en el departamento Castellanos.
Seguimiento permanente
Pereira explicó que el trabajo no se limita al derribo de los puntos de venta, sino que incluye un seguimiento posterior y un análisis constante de las zonas intervenidas. “Estamos realizando un relevamiento desde el primer derribo hasta el último”, indicó.
Ese monitoreo permitió, por ejemplo, recuperar espacios públicos en Rosario, donde en algunos casos se avanzó con la construcción de plazas. También busca evitar que, sobre los mismos terrenos, vuelvan a instalarse estructuras destinadas al narcomenudeo.
Vínculos con una investigación por homicidio
En relación con el búnker derribado en Fray Luis Beltrán, la fiscal Gabenara explicó que el inmueble funcionaba como punto de venta de estupefacientes y que incluso “venían personas de Rosario a comercializar”.
Asimismo, indicó que el lugar está vinculado a un homicidio en investigación. “Hay un menor detenido a raíz del hecho y otra persona posiblemente involucrada, cuya identidad y participación se están investigando”, detalló.
La fiscal agregó que el menor se encuentra en prisión preventiva por el plazo dispuesto por el juez y que será sometido al proceso correspondiente.
Modalidades y trabajo previo
Por su parte, el fiscal Carbone explicó que, a partir de las 112 intervenciones realizadas, se detectaron distintas modalidades de venta al menudeo: desde estructuras tipo búnker con ventanillas hasta viviendas adaptadas para el tráfico ilícito de estupefacientes. “Se trata de lugares donde hay personas que permanecen día y noche, pero que no residen allí ni pueden acreditar su permanencia”, señaló.
El fiscal destacó además el trabajo previo que implica cada operativo, al tratarse de sitios “asociados a violencias altamente lesivas”, y subrayó el rol de la ciudadanía: “La colaboración de los vecinos en la denuncia es fundamental”. Los derribos se desarrollan desde principios de 2024, en un trabajo coordinado entre el Gobierno provincial, el Ministerio Público de la Acusación, la Justicia santafesina, la Policía provincial, fuerzas federales y gobiernos locales.
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