La Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe otorgó media sanción al proyecto de ley denominado “Herramientas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública”, enviado por el Poder Ejecutivo provincial en mayo.
La aprobación llegó después de un extenso debate en el recinto y de distintas instancias de negociación dentro del oficialismo, que permitieron consensuar modificaciones importantes respecto del texto original.
Entre los principales cambios se encuentra la eliminación de las zonas de intervención policial especial. El proyecto original habilitaba la creación de áreas con controles de acceso, requisas vehiculares, restricciones a la circulación y demoras de hasta 48 horas para identificar personas. Todas esas facultades fueron suprimidas de la iniciativa aprobada.
También se eliminó la posibilidad de que la Policía interrogue a personas vinculadas con un hecho delictivo sin asistencia de un abogado defensor. En cambio, se mantuvo la facultad de los fiscales para tomar declaraciones informativas sin abogado, aunque con garantías adicionales y sin que puedan utilizarse como prueba de cargo.
La nueva redacción incorpora mayores resguardos para los juicios en rebeldía. Estos procedimientos requerirán autorización judicial, intervención de un defensor, audiencia previa a la víctima y registro audiovisual. Además, se amplía la participación de los querellantes, que podrán intervenir en las audiencias imputativas, formular preguntas y aportar elementos. También se reconoce el derecho de las víctimas a ser escuchadas.
Otro de los cambios establece que la Fiscalía podrá formular acusaciones tanto después de la audiencia imputativa como cuando se haya autorizado un juicio en rebeldía. A su vez, se restringieron las excepciones para admitir pruebas obtenidas irregularmente: se eliminó la posibilidad de justificarlas para evitar daños graves a la integridad física propia y se mantuvo la protección de terceros.
Las herramientas que se mantuvieron
Pese a las modificaciones, varios instrumentos previstos en el proyecto original continuaron en la versión aprobada. Entre ellos, los nueve supuestos que habilitan allanamientos sin orden judicial. Para los casos contemplados en los incisos 5 al 9 se incorporó un control judicial de oficio dentro de las 24 horas.
También se conservaron las facultades para intervenir inmuebles utilizados en actividades ilícitas, mediante desalojos, demoliciones, desmontajes o bloqueos, con instancias de revisión judicial.
En materia penitenciaria, se mantuvo el régimen agravado para internos considerados una amenaza grave para la seguridad pública. Este contempla medidas especiales como el aislamiento individual y la suspensión de visitas y comunicaciones, aunque con posibilidad de revisión judicial.
Por último, se establecieron límites a las tareas de inteligencia: las actividades que afecten sustancialmente la privacidad o intimidad requerirán autorización judicial. Además, se diferenciarán las tareas preventivas de las investigaciones penales.
Con la media sanción de Diputados, el proyecto deberá continuar su tratamiento en el Senado provincial.
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