El Gobierno pidió esta tarde a la jueza Loretta Preska la suspensión del fallo que busca forzar el pago del juicio por la expropiación de YPF y busca estirar los plazos jurídicos durante algunos meses para evitar la ejecución de la sentencia y revertir la demanda en segunda instancia. En los próximos días, además, hará la presentación formal de apelación.
En la Casa Rosada aseguran que no se sentarán a negociar con el fondo Burford Capital hasta que no haya resolución definitiva al pleito legal y consideran que sería “un daño irreparable” la entrega de la mayoría accionaria de YPF en manos del Estado nacional. Por otro lado, apuestan a disputar el monto final de la sentencia -calculada en USD 16.000 millones- porque aseguran que hay razones legales para reducirla incluso a “algunos cientos de millones”, explicaron fuentes oficiales con conocimiento del proceso.
La Procuración del Tesoro, que lleva adelante la defensa ante demandas contra el Estado, pidió esa cautelar (un recurso llamado stay en la legislación norteamericana) para ganar tiempo en el juicio, pero se guarda una última carta en caso de que Preska no acceda a esa solicitud: pedirá la suspensión directamente a la corte de apelaciones, es decir a la segunda instancia.
En la Casa Rosada mencionan que la sentencia, tal como fue determinada por la jueza, es de cumplimiento imposible, por lo que no está dentro de las opciones acatar el fallo mientras sea solamente una decisión de primera instancia. Quedarían dos superiores, entre la primera cámara revisora y, eventualmente, la Corte Suprema de Justicia norteamericana. Por esa razón, aseveran, no aceptarán una instancia de negociación con el fondo Burford para llegar a un acuerdo de pago, una posibilidad que empezó a dejar trascender la parte litigante.
En el Gobierno trabajan con una hipótesis de máxima que es conseguir que la ejecución de la sentencia, ordenada a través de la entrega de las acciones que el Estado tiene en YPF, se estire hasta que termine todo el proceso de apelación en segunda instancia. Si eso fuese posible, la Casa Rosada ganaría varios meses de espacio para evitar un incumplimiento abierto del fallo. Una solución menos favorable sería que los tiempos se estiren al menos los 90 días que requiere la presentación de los documentos de apelación.
El peor escenario sería que ni Preska ni la cámara de apelaciones concedan esa suspensión de la sentencia. En ese caso se activaría, a mediados de mes, la concreción del pago ordenado por la jueza. En el Gobierno argumentan que más allá de las razones jurídicas, operativamente esa forma de pago es inviable porque las acciones no son de sencilla transferencia y si existiera una reversión del fallo en alguna instancia superior y ese pago ya se hubiera realizado, sería técnicamente improbable para el Estado recuperar esa tenencia.
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Fuente: Infobae
