La Cámara de Diputados de Santa Fe convirtió en ley el proyecto impulsado por la diputada provincial Lionella Cattalini que establece nuevos requisitos de integridad para quienes pretendan celebrar contratos con el Estado.
La iniciativa recibió este jueves aprobación definitiva por unanimidad y busca evitar que personas o empresas involucradas en hechos de corrupción accedan a negocios financiados con fondos públicos.
La nueva normativa incorpora restricciones para personas humanas y jurídicas que registren antecedentes por los delitos contemplados en la ley y amplía los mecanismos de control sobre proveedores, contratistas y concesionarios de la administración provincial.
Además, extiende estos criterios a las contrataciones de obra pública, uno de los sectores históricamente más sensibles en materia de transparencia.
Tras la aprobación, Cattalini destacó el alcance institucional de la medida y el mensaje que envía la provincia. “Estoy muy contenta porque creo que Santa Fe da un mensaje de transparencia y en contra de la corrupción. Mientras a nivel nacional vuelven a ocupar la agenda pública causas como la de los Cuadernos, que expuso cómo empresarios y funcionarios públicos se enriquecieron a partir de la obra pública, en nuestra provincia estamos fortaleciendo los controles para evitar que quienes estuvieron involucrados en hechos de corrupción puedan hacer negocios con el Estado”, afirmó.
La legisladora también remarcó la importancia de sostener reglas claras en la ejecución de las políticas públicas. “Nosotros creemos en la obra pública porque transforma la vida de la gente, genera desarrollo y crea oportunidades. Pero también creemos que debe ejecutarse con reglas claras, controles efectivos y absoluta transparencia en el manejo de los recursos públicos”, sostuvo.
Entre los principales puntos de la ley se establece que, antes de cada adjudicación, deberán verificarse los antecedentes de las personas o empresas oferentes, así como de sus representantes legales, integrantes de órganos de administración y demás personas vinculadas a las contrataciones.
Asimismo, la norma habilita mecanismos de intercambio de información con otras jurisdicciones para fortalecer las tareas de fiscalización y control.
Cattalini valoró además el amplio respaldo obtenido durante el tratamiento legislativo. “Que esta ley haya sido aprobada por unanimidad demuestra que hay temas que deben trascender las diferencias partidarias. La transparencia y la lucha contra la corrupción tienen que ser políticas de Estado”, señaló.
Finalmente, la diputada consideró que la nueva legislación constituye un paso más en el fortalecimiento institucional de la provincia. “Santa Fe vuelve a dar una señal clara. Quienes quieran hacer negocios con el Estado deberán cumplir estándares acordes a la responsabilidad que implica administrar recursos que son de todos los santafesinos. Es una herramienta concreta para cuidar esos recursos y fortalecer la confianza ciudadana”, concluyó.
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