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Convocaron a una audiencia a los dueños de los campos de Pozo Borrado donde hallaron trabajo esclavo

La reunión será el 6 de octubre en la delegación Reconquista del ministerio de Trabajo. Desde Uatre esperan respuestas sobre las condiciones laborables deplorables en la cual estaban estas 31 personas, oriundas de Santiago del Estero.

La secretaria de Trabajo de la provincia de Santa Fe, delegación Reconquista, convocó a una reunión para el próximo 6 de octubre, luego de la denuncia presentada por Uatre por las precarias condiciones laborales de unas 31 personas en campos de Pozo Borrado, en el departamento 9 de Julio.

Además de los dirigentes de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores, deberán comparecer a este encuentro los dueños de los dos campos donde hallaron a estas personas y que derivó en una causa judicial por trabajo esclavo en la Justicia Federal de Rafaela.

El dueño de uno de los campos es Carlos Ruben Bonfigli, mientras que los responsables del otro predio tienen relación con el Grupo Vicentin, quienes conformaron la “La Isabelina” y explotan estas hectáreas, según lo publicado por LT9 el pasado 19 de septiembre.

En la audiencia convocada en la delegación Reconquista de la secretaría de Trabajo de Santa Fe, los referentes de UATRE -encabezados por Daniela Yaccuzzi- esperan que los dueños de los campos o sus apoderados den cuenta de la situación de estas 31 personas, que relaten en qué estado estaban, por qué estaban ahí y cuál es la situación laboral para que regularicen. A su vez, los dueños de los campos fueron intimados para que en 15 días regularicen la situación laboral de estas personas. Caso contrario, podrían sancionados con multas económicas.

Más allá de que la convocatoria tiene fecha, las expectativas de que acudan los dueños o apoderados de los campos son bajas, pero desde el organismo provincial se cumple con el pedido que realizó la Uatre.

Durante su columna en “Hora de Arrancar”, Mariano Bravi recordó que hace unos días, en Jujuy, condenaron a una pareja de finqueros a penas de 10 años de presión por explotación laboral y reducción a la servidumbre. “Podríamos estar ante otro caso similar acá en Pozo Borrado” indicó Bravi.

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