El escenario legislativo de Santa Fe sumó en las últimas horas dos definiciones clave para la gestión de Maximiliano Pullaro: el avance en el Senado del proyecto para prohibir la actividad de los “cuidacoches” y la adhesión de la provincia a la Ley Antimafia nacional. Virginia Coudannes brindó detalles sobre cómo se aplicarán estas medidas en el territorio.
El fin de los “trapitos”: un trabajo conjunto con los municipios
Respecto a la media sanción que prohíbe la actividad de cuidacoches, limpiavidrios y lavacoches en la vía pública, Coudannes fue clara: el objetivo central es el “orden”. Sin embargo, aclaró que la ejecución dependerá de la normativa propia de cada localidad.
“Es fundamental que los municipios tengan su propia norma de prohibición. Cada localidad tiene su dinámica: en algunas hay trapitos, en otras limpiavidrios. Nosotros, como Gobierno Provincial, acompañamos con la fuerza de seguridad en los operativos y en la identificación de zonas críticas como corredores escolares, bancos y áreas de nocturnidad”, explicó la funcionaria.
Coudannes subrayó que la intervención policial ya se viene dando ante situaciones de extorsión o violencia denunciadas a los servicios de emergencia, pero que esta ley brindará un marco institucional más sólido: “La mayor responsabilidad recae en los municipios y, a partir de ahí, se da el acompañamiento de la Policía ante la toma de decisiones”.
Lucha contra el crimen organizado: “Cambio de paradigma”
Por otro lado, la funcionaria destacó la importancia de la adhesión de Santa Fe a la Ley Antimafia, calificándola como un “hito” que se suma al paquete de leyes (como la de Narcomenudeo) sancionadas al inicio de la gestión.
“Lo que cambia es el fin de la impunidad. Esta herramienta permite atacar a las organizaciones criminales de manera integral: desde el que tiene el arma hasta el que financia y coordina las redes. Antes estas herramientas no existían“, enfatizó Coudannes.
La secretaria explicó que la norma permite una coordinación más robusta entre la Justicia provincial y federal, facilitando allanamientos con mayor celeridad y decomisos anticipados. “Para el vecino, sin caer en tecnicismos, es una herramienta más para desbaratar a las organizaciones más nefastas de nuestra sociedad. No es un hecho aislado, es parte de un plan de seguridad sostenido”, concluyó.
