El abogado laboralista y presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, Matías Cremonte, calificó el proyecto de reforma como “regresivo” y aseguró que implica un retroceso en derechos laborales consolidados.
“Se propone modificar la legislación laboral quitando derechos”, afirmó y además, señaló que el argumento que plantea el oficialimo en el que la flexibilización ‘generará empleo’ es absolutamente falso: “Nunca una legislación laboral más rígida o más flexible generó o destruyó empleo”, aseguró.
La ley vigente: jornada, indemnizaciones y convenios colectivos
La actual Ley de Contrato de Trabajo establece una jornada fija, con límites diarios y semanales, garantizando previsibilidad en la organización del tiempo personal.
En términos de despidos, la normativa dispone una indemnización equivalente a un mes de sueldo por cada año trabajado en caso de despido sin causa.
A su vez, el sistema argentino se basa en los convenios colectivos por rama de actividad, que funcionan como un piso de derechos para todas y todos los trabajadores de un sector, independientemente de la empresa en la que se desempeñen.
La legislación reconoce la preponderancia de los sindicatos de actividad, evitando la fragmentación gremial y resguardando la negociación colectiva.
¿Qué propone el Gobierno?: banco de horas, cambios en indemnizaciones y flexibilización gremial
Cremonte destacó que el proyecto oficial impulsa transformaciones profundas, entre ellas, la creación de un banco de horas que elimina la jornada diaria fija.
Según explicó, permitiría que el empleador organice turnos variables sin límites más allá del tope semanal: “El empleador podrá decirle al trabajador: hoy trabajá 12 horas, mañana 4”.
También señaló que la reforma reduce las indemnizaciones al modificar la base de cálculo y habilita la creación de un fondo de asistencia laboral que se financiará con aportes que hoy van a la seguridad social. “En definitiva, los propios trabajadores van a pagar las indemnizaciones”, advirtió.
En materia colectivo-gremial, el proyecto transforma el piso de los convenios en un techo, permitiendo que empresas negocien acuerdos por debajo del convenio general. Además, facilita la creación de sindicatos por empresa, lo que -según Cremonte- favorecerá presiones para negociar salarios a la baja.
Cremonte sostuvo que, si bien una ley aprobada por el Congreso es más difícil de frenar judicialmente, existen artículos que podrían declararse inconstitucionales, especialmente aquellos que “restringen casi absolutamente el derecho de huelga”.
Finalmente, definió el proyecto como un retroceso histórico, “en muchos aspectos termina pareciéndose más al siglo XIX que al siglo XXI”, concluyó.
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