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Dalbón advierte que el escándalo por coimas “va a ameritar juicio político” a Javier Milei

El abogado alertó que las denuncias por sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad podrían tener consecuencias políticas para el presidente Javier Milei. La investigación avanza con audios y allanamientos que comprometen a funcionarios cercanos al mandatario.

El abogado Gregorio Dalbón advirtió que el escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) “va a ameritar un juicio político” contra el presidente Javier Milei.

La advertencia surge tras la difusión de audios en los que Diego Spagnuolo, exdirector de la ANDIS y abogado personal del mandatario, describe un supuesto esquema de cobro de sobornos vinculado a la compra de medicamentos para personas con discapacidad. Según las grabaciones, parte de las coimas habrían beneficiado a Karina Milei, hermana del presidente y secretaria de Presidencia, así como a su asesor Eduardo “Lule” Menem y al empresario farmacéutico Eduardo Kovalivker.

Dalbón, que representa a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, presentó una denuncia penal y aseguró que cada paso de la investigación se acerca más a la Casa Rosada, sugiriendo que el caso podría tener un impacto muy significativo.

El abogado sostiene que los hermanos Milei, los Menem y Spagnuolo funcionaban como una “asociación ilícita“, y que, según los audios recabados, se habrían apropiado sistemáticamente de sumas de entre 500 mil y 800 mil dólares para Karina Milei. “Está en todas las fotos con Karina Milei, con Javier Milei; le dieron ese lugar y desde ese lugar sistemáticamente se robaban entre 500 mil y 800 mil dólares, según el propio Spagnuolo“, detalló Dalbón.

Por su parte, el gobierno ordenó una investigación interna sobre los contratos de la ANDIS y no descartó la existencia de pagos irregulares, aunque cuestionó la veracidad de los audios, indicando que podrían formar parte de una operación política en año electoral.

El juez federal a cargo de la causa, Sebastián Casanello, ya dispuso allanamientos y la incautación de documentos y dispositivos electrónicos relacionados con la investigación. La denuncia generó fuerte repercusión social y aumentó la presión sobre el Ejecutivo en plena campaña electoral.

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