Amenazas a integrantes de la lista opositora a la actual conducción del Sindicato de Obras Sanitarias, encabezada por Silvio Barrionuevo.
Después de los allanamientos ocurridos en el Sindicato de Obras Sanitarias de Rosario y en la casa del secretario adjunto en country Aguadas de Funes, en la que secuestraron una suma millonaria entre pesos y dólares, además de casi otro medio millón de pesos en su despacho del Gremio de calle San Luis 2145, sigue la investigación desde la Fiscalía de delitos económicos, por presunta malversación de fondos gremiales, desvío de dinero y enriquecimiento ilícito.
Desde ese hecho, las amenazas y el amedrentamiento no cesan, según pudo tomar conocimiento este medio, ya se encuentran en el escritorio del Fiscal de Delitos Económicos, las denuncias de varios integrantes de la lista opositora, pericias de celulares, testimonios y demás pruebas darían cuenta de la constante extorsión y amenazas de muerte, que están viviendo por estos días.
También seguidores de la lista Azul y Blanca, liderada por Omar Guevara, expresan que “Nos preocupa que vuelvan a recurrir a la violencia” y que el día de las elecciones (20 de mayo) puedan “rodear las mesas electorales donde deben expresarse libremente las y los trabajadores sanitaristas”, “en cada elección se debe garantizar el derecho al voto en forma democrática. Sobre todo cuando por primera vez en más de 30 años, el oficialismo debe enfrentarse a una lista opositora”.
El delito de amenazas tiene lugar cuando una persona informa a otra acerca de su intención de generarle algún mal. Está previsto en el art. 149 bis 1° párrafo del Código Penal , el cual asigna una pena de prisión de seis meses a dos años para quien impartiere amenazas con el fin de alarmar o amedrentar a una o más personas. La pena se elevará (de uno a tres años de prisión) siempre que se utilizaren armas para cometer este delito, o si las amenazas realizadas fueran anónimas.
La fiscalía tiene en sus manos además de definir la situación procesal de Barrionuevo, con las pruebas en su poder, las imputaciones a quienes cometieron estas amenazas.
No es el único Sindicato que está siendo investigado, ni allanado, la semana pasada se pudo observar el tenso allanamiento que encabezó María del Valle Viviani, con la presencia de matones, la fiscal ordenó que se retirara la patota que quería intimidarla mientras buscaba documentación y no se amilanó ante Moyano, quien, a los gritos, le dijo que era una “causa política ordenada por Macri”: “Yo no hago política. Estoy investigando un delito. Vengo de una familia peronista y creo en el derecho de los trabajadores” le contestó.
El Fiscal Narvaja ¿tomará alguna medida ante estas amenazas de muerte? ¿Está politizada la causa? ¿Qué intereses se juegan?.
