El arzobispo de Miami, Thomas Wenski, denunció públicamente que las autoridades federales niegan el acceso de ministros religiosos al nuevo centro de detención “Alligator Alcatraz”, construido en una zona remota y pantanosa del estado de Florida. La cárcel fue inaugurada recientemente para alojar inmigrantes arrestados en redadas impulsadas por la gestión de Donald Trump.
Desde su llegada a la Casa Blanca, Trump adoptó políticas de línea dura contra los migrantes, muchos de ellos en situación irregular. Varios fueron expulsados del país, mientras que otros terminaron detenidos sin notificación formal. Para alojar a estos últimos, el gobierno federal habilitó una prisión de alta seguridad, levantada en tiempo récord a unos 60 kilómetros de Miami, en plena región de los Everglades.
El complejo fue bautizado informalmente como “Alligator Alcatraz” -en referencia a la famosa prisión ubicada en la bahía de San Francisco- y comenzó a funcionar el 3 de julio pasado. Con un presupuesto inicial de 450 millones de dólares, fue montado en apenas tres semanas sobre las instalaciones de un viejo aeródromo, complementado con carpas para albergar a unos cinco mil detenidos.
El lugar está rodeado de pantanos y caimanes, y permanece bajo control del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Según informes de medios locales, quienes se encuentran recluidos enfrentan condiciones extremadamente precarias: comida en mal estado, altas temperaturas, ataques constantes de insectos y régimen de aislamiento absoluto.
En diálogo con National Catholic Reporter, el arzobispo Wenski aseguró que, desde la apertura del centro, las autoridades se han negado sistemáticamente a autorizar la entrada de sacerdotes católicos y otros ministros religiosos. “Fueron capaces de construir ese lugar en una semana, entonces no se entiende por qué necesitan semanas para autorizar el ingreso de un sacerdote”, expresó. El prelado advirtió además que entre los detenidos hay una alta proporción de latinoamericanos, incluyendo haitianos, muchos de ellos practicantes católicos.
El conflicto entre la Iglesia y el actual gobierno estadounidense no es nuevo. En años anteriores, obispos de distintas diócesis decidieron dispensar a migrantes de la obligación de asistir a misa dominical tras episodios de detenciones dentro de templos.
La semana pasada, Wenski se unió a la organización “Caballeros en bicicleta”, que llegó pedaleando hasta las inmediaciones del centro de detención para rezar el rosario junto a un grupo de fieles. El arzobispo participó de la ceremonia y bendijo a los presentes, entre ellos los agentes apostados para bloquear el acceso al recinto.
No es la primera vez que el arzobispo enfrenta una situación similar. Durante la última Cuaresma también se le denegó la entrada al centro de detención de Krome, en Miami, donde hasta entonces se celebraban servicios religiosos con regularidad. “Nos dijeron que no se podía por la sobrepoblación, pero esa no es una razón válida”, afirmó Wenski.
Thomas subrayó que los servicios espirituales ayudan a mitigar la angustia tanto entre los detenidos como entre el personal penitenciario. “Es una manera de hacerles sentir que no están solos, que no han sido olvidados”, sostuvo.
Además, cuestionó la ubicación del nuevo centro, señalando que el hospital más próximo está a 64 kilómetros de distancia, y denunció que los internos viven en condiciones indignas, alojados en tiendas de campaña bajo un calor sofocante. Según Wenski, el hecho de apodar la cárcel como “Alcatraz Caimán” no hace más que trivializar el sufrimiento de miles de personas y de sus familias. “Negarles asistencia religiosa -concluyó- es una forma de negarles su dignidad y su humanidad”.
