Se viene un diciembre clave en el Congreso Nacional. Desde el 10 hasta el 31 (y posiblemente con prórroga en enero) se abren sesiones extraordinarias con una agenda ambiciosa: el Presupuesto 2026, Reforma Laboral y Reforma Tributaria.
Diciembre ya dejó de ser un mes de cierre institucional para transformarse en el momento político más tenso del año. Y este 2025 no será la excepción: el Congreso Nacional se prepara para entrar en un “diciembre de fuego”, con una agenda que condensa todo lo que el Gobierno no pudo —o no quiso— discutir en el resto del año. Con una convocatoria a sesiones extraordinarias que van del 10 al 31, el oficialismo buscará avanzar a toda velocidad con tres pilares que considera estratégicos: Presupuesto 2026, Reforma Laboral y Reforma Tributaria.
Mientras tanto, en Santa Fe también se debate la Ley de Presupuesto y la Reforma Tributaria provincial, dos herramientas clave para sostener la gestión y marcar diferencias con la política nacional. Un diciembre doblemente caliente.
Un Presupuesto que ordena la política… o desnuda la crisis
El Presupuesto 2026 llega al recinto con dictamen de mayoría en Diputados y con el aval del oficialismo y parte de sus aliados. Sobre el papel, proyecta un equilibrio fiscal técnico —algo que el Gobierno considera indispensable para mostrar disciplina ante los mercados y organismos internacionales— y estima un crecimiento del 5 % del PBI, una inflación del 10 %, un dólar en torno a los $1.423 a diciembre del año próximo y un incremento del 10,6 % en las exportaciones.
El problema es que los supuestos macroeconómicos son cuestionados por economistas propios y ajenos, que señalan que la inflación aún no perforó el piso del 12 % mensual y que los factores que sostendrían la expansión del 5 % no están visibles en la actividad real. La pregunta de fondo no es sólo si el Presupuesto puede aprobarse —los números parecieran estar encaminados— sino si se convertirá en una hoja de ruta realista o en un documento de aspiraciones políticas.
Aun así, el Gobierno confía en obtener la sanción. Con la nueva composición legislativa, el oficialismo sumó diputados clave y tiene un mejor escenario para negociar con los bloques dialoguistas. No será un trámite, pero tampoco un calvario: el Presupuesto es, históricamente, la ley sobre la cual más concesiones se aceptan porque todo el sistema político necesita alguna previsión de gastos y recursos.
La Reforma Laboral: el punto más conflictivo
La pieza más sensible del paquete es la Reforma Laboral. El Gobierno insiste en que sin cambios en las reglas del mercado de trabajo no habrá recuperación del empleo genuino ni inversiones. Los empresarios acompañan, los sindicatos rechazan de plano y la oposición moderada busca introducir matices.
El oficialismo quiere avanzar sobre tres ejes:
- Modernización de los contratos: nuevas modalidades de empleo con mayor flexibilidad.
- Cambios en las indemnizaciones: sistemas alternativos para reducir litigios y costos.
- Revisión del sistema sindical: transparencia, financiamiento y representatividad.
Pero, a diferencia del Presupuesto, aquí no están garantizados los votos. Algunos bloques provinciales acompañarían sólo si el Gobierno acepta esquemas graduales. Y para los gremios, diciembre no es un mes más: cualquier avance sin consenso podría derivar en movilizaciones. El Poder Ejecutivo lo sabe y por eso busca un texto lo suficientemente amplio para entusiasmar al empresariado pero lo bastante moderado como para evitar una fractura política innecesaria.
Aun así, la posibilidad de que se apruebe este diciembre está abierta, pero no asegurada.
La Reforma Tributaria: entre la recaudación y el alivio
La tercera pata del paquete es la Reforma Tributaria. El Gobierno quiere simplificar impuestos, reducir la presión sobre algunos sectores industriales, eliminar tributos considerados distorsivos y, al mismo tiempo, recuperar recaudación. Un equilibrio delicado.
La traba principal es el impacto en las provincias. Gobernadores de todo el arco político advierten que una reforma que reduzca la coparticipación automática podría desfinanciar áreas claves como salud, educación y seguridad. Y en este contexto, los mandatarios provinciales tienen mucho peso: sin su apoyo, los senadores no acompañarán.
Aun así, el Gobierno apuesta a que los acuerdos alcanzados durante la discusión del Presupuesto terminen arrastrando adhesiones para la Reforma Tributaria. Si la negociación avanza, podría haber sanción en Diputados este diciembre y debate en el Senado recién en febrero.
Mientras tanto, Santa Fe avanza con agenda propia
La política provincial no se queda atrás. El Ejecutivo santafesino envió a la Legislatura su Presupuesto 2026 y la nueva Ley Tributaria, con un enfoque propio: alivio fiscal para sectores productivos, incentivos a la contratación y deducciones sobre el costo energético.
Entre las medidas destacadas, las empresas podrán descontar del impuesto a los Ingresos Brutos parte de los salarios de nuevos empleados destinados a ampliar la planta laboral. También se habilita deducir hasta un 30 % de lo pagado por energía eléctrica a la EPE o cooperativas. Para la construcción, hotelería, transporte e industria, se trata de un mensaje claro: Santa Fe quiere sostener la actividad en un momento de incertidumbre nacional.
El presupuesto provincial, además, prevé inversiones en infraestructura y seguridad, áreas donde la provincia tiene urgencias concretas. A diferencia del clima en Buenos Aires, en Santa Fe se espera una discusión con menos ruido político y más foco en la gestión, aunque habrá debates sobre cómo se financia el programa de seguridad y qué impacto tendrá la reforma tributaria local en la recaudación.
Un diciembre decisivo
Lo que se discutirá en estas semanas no son simplemente leyes: es la arquitectura completa del año 2026. Presupuesto, condiciones laborales y sistema impositivo son las piezas fundamentales de cualquier esquema de gobierno. Si el oficialismo logra aprobarlas, se asegurará un margen importante de maniobra. Si fracasa, entrará a un año económico difícil sin instrumentos claros.
En Santa Fe, las decisiones nacionales tendrán impacto directo, pero la provincia busca marcar una impronta propia: alivio fiscal, simplificación tributaria y estímulos a la producción. Una señal de que, ante la incertidumbre nacional, la política provincial no se quedará esperando.
Diciembre, una vez más, decide buena parte del año siguiente. Pero este diciembre tiene una particularidad: puede definir no sólo la política económica del Gobierno, sino también su capacidad de gobernar. Y ese es el verdadero termómetro que medirá el país en las próximas semanas.
