Un hombre de 41 años, identificado por sus iniciales RML y miembro de la fuerza policial, quedó en prisión preventiva en el marco de una investigación por delitos contra la integridad sexual cometidos contra siete menores de edad de su entorno familiar en la ciudad de Santa Fe.
La medida cautelar fue dispuesta por el juez Nicolás Falkenberg a pedido de los fiscales Vivian Galeano y Ezequiel Hernández, durante una audiencia realizada este martes en los tribunales de la capital provincial.
De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron de forma reiterada y sostenida entre 1996 y 2014, cuando las víctimas -cuatro niños y tres niñas, todos sobrinos del imputado- permanecían bajo su cuidado.
Según explicó la fiscal Galeano, el acusado no recurría a la violencia física, sino que utilizaba mecanismos de manipulación emocional y aprovechaba la extrema vulnerabilidad de los menores para concretar los abusos.
“Se valía de regalos, juguetes y paseos para generar confianza y confusión en las víctimas, que no tenían herramientas para defenderse ni comprender lo que estaban atravesando”, sostuvo la funcionaria judicial.
Una denuncia desencadenó una cadena de revelaciones
La investigación comenzó en enero de este año, cuando una de las víctimas decidió denunciar los hechos en el marco de un conflicto familiar ajeno a los abusos sufridos.
A partir de ese primer testimonio surgieron nuevos relatos que permitieron reconstruir la historia de los siete hermanos y profundizar la investigación.
La fiscal indicó que las víctimas presentan severas secuelas psicológicas derivadas de los hechos padecidos durante su infancia. Algunos atravesaron problemas de adicciones, intentos de suicidio y grandes dificultades para elaborar y verbalizar las situaciones vividas.
“Recién ahora están pudiendo poner en palabras lo que les ocurrió”, señaló Galeano, quien destacó el trabajo interdisciplinario realizado para brindar contención y acompañamiento a las víctimas.
La discusión sobre la prescripción
Durante la audiencia, la defensa sostuvo que los delitos estaban prescriptos por el paso del tiempo. Sin embargo, la Fiscalía argumentó que aún resulta prematuro abordar esa discusión, teniendo en cuenta que los relatos comenzaron a surgir recientemente.
El juez consideró que al menos uno de los hechos investigados no estaría prescripto, en virtud de la legislación vigente y de los criterios jurisprudenciales aplicables a delitos sexuales cometidos contra menores de edad.
Ese criterio permitió avanzar tanto con la imputación como con el dictado de la prisión preventiva.
La Fiscalía investiga si hay más víctimas
La fiscal Galeano también advirtió que la investigación permanece abierta y que podrían aparecer nuevos denunciantes.
En ese sentido, indicó que los investigadores analizan otros entornos en los que el imputado mantenía contacto con niños y niñas bajo dinámicas similares a las denunciadas hasta el momento.
Además, durante la audiencia, la funcionaria cuestionó una situación que calificó como “paradójica”: luego de la denuncia presentada en enero, el hombre continuó desempeñando tareas en Tribunales, aunque bajo un protocolo especial que le retiró el arma reglamentaria y el chaleco antibalas.
Entre sus nuevas funciones se encontraba el acompañamiento de niños, niñas y familias que debían concurrir a entrevistas en Cámara Gesell.
Si bien la fiscal aclaró que el acusado no intervenía en el desarrollo de las entrevistas ni existieron irregularidades en esos procedimientos, consideró que no era el ámbito adecuado para que continuara desempeñándose.
Las imputaciones
La Fiscalía atribuyó al imputado los delitos de abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de una de las víctimas; abuso sexual gravemente ultrajante agravado contra cinco víctimas; y abuso sexual simple agravado respecto de la séptima víctima.
Además, en los siete casos se le imputó el delito de promoción a la corrupción de menores agravada, debido a que el acusado era el encargado de la guarda de las víctimas y porque algunas de ellas tenían menos de 13 años al momento de los hechos.
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