La justicia chilena dictaminó que 16 herederos del exdictador Augusto Pinochet deberán devolver al Estado 16 millones de dólares, suma originada en la apropiación indebida de fondos públicos atribuida al fallecido militar. El fallo, que aún puede ser apelado ante instancias superiores, se inscribe en el marco del llamado “caso Riggs”, una causa iniciada en 2004 que expuso la existencia de cuentas bancarias no declaradas en el exterior, gestionadas por Pinochet para ocultar dinero de origen irregular.
Tras su muerte en 2006, esos fondos pasaron a manos de sus familiares, lo que impulsó el reclamo judicial encabezado por el Consejo de Defensa del Estado (CDE). La resolución del Séptimo Juzgado Civil de Santiago establece que deberán restituir el dinero en proporción a la parte que cada uno recibió. Entre los destinatarios figuran su difunta esposa, Lucía Hiriart, y otros 15 descendientes, incluyendo hijos y nietos.
La defensa de los herederos intentó frenar el proceso argumentando la prescripción de la causa, aunque el tribunal rechazó esa estrategia legal y validó la continuidad de la demanda. Según el fallo, los recursos provenían de partidas reservadas asignadas a la Presidencia, la Casa Militar y la Comandancia en Jefe del Ejército, y nunca fueron debidamente justificadas.
El Consejo de Defensa del Estado impulsó la acción civil en 2018, después de que la Corte Suprema concluyera la investigación que probó la existencia de múltiples cuentas secretas en el extranjero. Según indicó el presidente del organismo, Raúl Letelier, este reclamo forma parte de un conjunto de medidas tendientes a resarcir el daño provocado al erario público por el desvío sistemático de fondos estatales.
La participación del Banco Riggs
La sentencia detalla que el pago deberá efectuarse en pesos chilenos, calculado al tipo de cambio vigente al momento de concretar la devolución. En el desarrollo del caso Riggs, salieron a la luz dos sociedades offshore fundamentales en la trama financiera de Pinochet: Ashburton y Althorp, constituidas en Bahamas con apoyo del propio banco. Se trataba de empresas ficticias, sin oficinas ni personal, creadas con el objetivo de encubrir la titularidad de los fondos.
De acuerdo con la investigación parlamentaria, se buscaba evitar que el nombre de Pinochet apareciera vinculado a esos activos. Incluso, cuando se conoció la existencia de las cuentas, el banco modificó sus registros, reemplazando el nombre original de “Augusto Pinochet Ugarte & Lucía Hiriart de Pinochet” por “L. Hiriart &/or A. Ugarte”, dificultando la detección mediante búsquedas convencionales.
El caso judicial emergió en 2004, tras una investigación en Estados Unidos que descubrió que Pinochet y su entorno escondían una suma de dinero de miles de millones en cuentas secretas del banco Riggs y otras instituciones financieras fuera del país. El caso provocó indagaciones en territorio chileno que dieron como resultado numerosos procedimientos civiles y penales.
En el caso Riggs, Pinochet logró ser sometido a juicio en Chile en 2005, sin embargo, a pesar de que se le otorgó su detención domiciliaria por algunas semanas, no obtuvo condena y falleció en diciembre de 2006. No fue sentenciado por su implicación en las reiteradas infracciones a los derechos humanos realizadas bajo su gobierno en Chile, una política de exterminio que resultó en la muerte de al menos 3.200 opositores, incluyendo 1.469 víctimas de desaparición forzada.
