En Argentina, los comicios del pasado domingo impusieron una agenda eminentemente política que no dejó en la opinión pública, ningún espacio para el tipo de repercusión esperable sobre la detención dentro del territorio, de dos brazos armados del grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional de Colombia.
Los dos hombres cayeron en la provincia de Buenos Aires, tras el pedido de captura internacional de INTERPOL bajo Alerta Roja.
Su detención se produjo tras una tarea conjunta del Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina y la Policía de Colombia.
Al principio sus nombres se mantuvieron en reserva, pero en la víspera fueron identificados como Harold Ardila y Mayerly Zulay, ambos miembros del ELN, contra quienes ya se inicia la tramitación del proceso de extradición.
Este caso demuestra con claridad la gran importancia de la cooperación entre países, cuando se trata del desplazamiento de miembros de grupos armados que atentan contra la seguridad regional, y no sólo de un país.
Mientras tanto, Colombia se ve recurrentemente sacudida por el accionar del ELN, que en la actualidad amenaza con un “juicio revolucionario” contra los cuatro policías secuestrados hace varios meses, buscando presionar al gobierno para encarar una negociación bajo condiciones que no parecen alentar el consenso en la sociedad colombiana.
Indicios de una paz frágil
Luego de firmarse en Bogotá el Acuerdo de Paz, el 24 de noviembre de 2016, dio comienzo una etapa de reposicionamiento de los grupos ajenos al Tratado.
Las autoridades se enfocaron en las FARC disidentes (no firmaron el documento), las FARC desertoras o reincidentes (adhirieron inicialmente y luego renunciaron) y el ELN, con el cual se ha venido postergando un proceso efectivo de negociación.
Además continuaron incursionando en el escenario, reagrupamientos del EPL (Ejército Popular de Liberación) también denominado “Los Pelusos”, cuyas bases se habían desmovilizado a comienzos de la década del ’90 del siglo pasado.
Hacia comienzos de 2018, ya se informaron fuertes choques armados entre el ELN y el EPL en la región colombiana de Catatumbo, fronteriza con Venezuela.
Allí, esas organizaciones reavivaron el conflicto, al disputarse territorios desocupados por los desmovilizados leales al acuerdo de paz; una confrontación por el terreno que implica esencialmente, la pelea por las fuentes ilegales de financiamiento que esas zonas proveen.
Los hechos y el aumento del número de víctimas de la violencia, desafortunadamente continuaron alimentando la percepción de fisuras en el acuerdo.
Por ejemplo, la masacre de seis personas cometida en Cauca en octubre de 2018, fue vinculada por las autoridades al recrudecimiento de los choques entre el ELN y las disidencias de las FARC. A estas últimas, se la responsabiliza por el atentado terrorista cometido en Cali en agosto de este año, hecho que dejó un saldo de nueve muertos y decenas de heridos.
Escollos estructurales para rescatar el Tratado
Desde el Observatorio impulsado en 2016 junto a la firma del acuerdo, se acaba de advertir en el último informe publicado en septiembre de este año, que su implementación “no ha logrado superar las barreras estructurales” que se anteponen a una pacificación definitiva.
El trabajo plantea que diferentes grupos armados se enfrentan para tener el control de regiones tales como Argelia, El Tambo y Miranda.
Respecto del accionar del ELN en la actualidad, el informe denuncia que sus miembros controlan regiones ubicadas en el sur del departamento de Cauca.
Como puede deducirse, con el paso de los años, quedó demostrada la capacidad de los grupos no firmantes para mantener o disputar territorios y poder de financiamiento ilegal.
Y sobre ese accionar, el citado informe revela una cruda realidad que marca flagrantes y sistemáticas violaciones del Derecho Internacional Humanitario, ante los confinamientos, homicidios y captación de menores que se han descubierto.
Esa dura realidad, marca que para revitalizar los alcances del acuerdo firmado en 2016, resulta insuficiente una acción estatal que sólo reaccione policial o militarmente ante cada retroceso, en vez de atender las advertencias, algunas de ellas tempranas, sobre el riesgo al que se están exponiendo muchas comunidades alejadas de las grandes ciudades.
