El Gobierno nacional decidió poner en marcha la privatización de AySA, con el mismo libreto que en los años 90: bajo la promesa de eficiencia, inversión privada y alivio fiscal. Pero la historia reciente de nuestro país desmiente -de manera contundente- cada uno de esos supuestos.
El DNU 493/2025 no solo autoriza al Estado a desprenderse del 90 % de la empresa a través de una licitación nacional e internacional, sino que habilita por primera vez desde su reestatización en 2006 los cortes de suministro de agua a usuarios residenciales por falta de pago. Una medida regresiva, de fuerte contenido punitivo, que convierte al agua -un derecho humano esencial- en una mercancía más.
¿Te das cuenta? Volvimos a vivir en los ‘90
Durante la década del ’90, la privatización de Obras Sanitarias de la Nación -que dio origen a Aguas Argentinas, en manos de la francesa Suez- fue vendida como una “solución mágica” a los problemas estructurales del sistema de agua potable y saneamiento.
Sin embargo, lejos de eso, trajo tarifazos, falta de inversión y graves consecuencias sanitarias.
En 2000, el Banco Mundial reconoció que, pese a los aumentos sostenidos, no hubo mejoras proporcionales en la calidad ni en la cobertura. El brote de cólera en Tucumán y la presencia de nitratos en el agua de zonas del conurbano fueron algunas de las alarmas más serias.
En 2006, bajo la presidencia de Néstor Kirchner, el propio Estado argentino debió anular la concesión y crear AySA para recuperar el control de un servicio esencial.
Volver a privatizar AySA no es innovar: es retroceder. Es repetir un modelo que ya fracasó y que puso en riesgo la salud de millones de argentinos y argentinas.
La motosierra llega al agua: ajuste, cortes y privatización
La nueva medida permite a AySA cortar el agua a familias que no puedan pagar sus boletas, una práctica que hasta ahora solo se aplicaba a grandes consumidores industriales.
Se suma, además, un esquema de tarifas indexadas por inflación y una decisión aún más controversial: que las nuevas obras de infraestructura sean financiadas por los propios usuarios.
Esto se da en un contexto de alta pobreza, con miles de hogares que deben elegir entre pagar la luz, comer o comprar medicamentos.
¿El Estado ya no tiene ninguna responsabilidad? ¿El agua, que debería garantizarse incluso en los peores momentos, se transforma en un lujo?
Políticas de exclusión
Privatizar AySA no es solo una decisión económica: es elegir un modelo de país donde el Estado se desentiende de su rol como garante de derechos y deja el acceso al agua -como antes la educación, la salud, la discapacidad- en manos del mercado. Es validar que quien no pueda pagar, quede excluido.
