El Senado de la Nación aprobó por unanimidad este jueves el proyecto de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad.
La iniciativa obtuvo el respaldo de los 71 legisladores presentes y establece un régimen permanente que conserva prácticamente todos los beneficios contemplados en la Ley de Emergencia en Discapacidad, que había sido vetada por el presidente Javier Milei en 2025.
La nueva normativa busca dejar atrás el carácter transitorio de la emergencia, que vence en diciembre, y establecer garantías de continuidad para las personas con discapacidad y sus familias.
El tratamiento se produjo luego de meses de reclamos de organizaciones y colectivos del sector, que exigieron respuestas ante las dificultades para sostener tratamientos, prestaciones y servicios.
Durante el debate, el senador Agustín Monteverde, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, defendió la creación de un régimen permanente en lugar de extender la emergencia. Sostuvo que la iniciativa permitirá dar previsibilidad y asegurar la continuidad de las prestaciones, las pensiones, las coberturas y su compatibilidad con el trabajo.
Desde la oposición, Alicia Kirchner consideró que la aprobación representa un avance, aunque advirtió que no resuelve todas las dificultades del sector. “Hoy estamos dando una respuesta muy importante, pero no definitiva”, expresó.
Por su parte, la senadora Lucía Corpacci sostuvo que la ley fue posible por la movilización de las organizaciones y las familias. También reclamó modificaciones presupuestarias para garantizar su aplicación efectiva. “Si no modificamos el presupuesto, nada de esto va a valer la pena”, señaló.
La presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, defendió el nuevo esquema y afirmó que permitirá reemplazar las sucesivas prórrogas por un marco de mayor transparencia, previsibilidad y estabilidad. También destacó que la norma establece de dónde provendrán los fondos para financiar las prestaciones.
Entre los principales puntos, la ley mantiene la compatibilidad entre el cobro de una pensión no contributiva por discapacidad y el acceso a un empleo formal o la inscripción en el monotributo, siempre que los ingresos no superen los dos salarios mínimos, vitales y móviles. La pensión equivale al 70% del haber jubilatorio mínimo y el beneficio alcanza a los titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD).
Además, conserva el nomenclador único y establece la actualización automática y periódica de los aranceles de las prestaciones, de acuerdo con el índice de movilidad jubilatoria vinculado al IPC. También garantiza la cobertura básica de protección médica del programa federal Incluir Salud para quienes perciban la pensión.
En materia presupuestaria, dispone que los recursos asignados al Ministerio de Salud no podrán ser inferiores, en términos reales, a los del ejercicio fiscal anterior. A su vez, incorpora un sistema de auditorías periódicas mediante el cruce de información entre organismos estatales, con garantías de debido proceso para las personas alcanzadas.
Finalmente, el texto incorpora una cláusula transitoria que establece un cronograma para cancelar las compensaciones adeudadas a los prestadores y fija un plazo máximo de 30 días para que el Poder Ejecutivo reglamente la ley.
