Ayer, el Senado rechazó el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad, una normativa clave para garantizar la correcta aplicación de derechos ya establecidos para personas con discapacidad.
En exclusivo por la Nueva Nueve, Gabriela Ortolochipi, presidenta de la Unión de Entidades de y para Personas con Discapacidad de Santa Fe, destacó que la sanción de la ley representa “un logro por el cual se luchó un montón”.
Sin embargo, reconoció que la expectativa está acompañada de cautela: “Hay que esperar a que sea publicada y reglamentada, y ver si finalmente se cumple”, explicó. Para la dirigente, la ley surge como una respuesta a la falta de cumplimiento de normativas vigentes y a la necesidad de asegurar derechos básicos para personas con discapacidad.
Desafíos económicos y situación de las instituciones
Uno de los principales obstáculos que enfrentó la ley fueron los argumentos del veto presidencial, fundamentados en cuestiones económicas. Ortolochipi señaló que, aunque existían recursos en la Agencia Nacional de Discapacidad, estos no llegaban a las instituciones ni a los beneficiarios: “Las instituciones que prestan servicios de apoyo están recibiendo apenas un 30% de lo que es el costo real de la prestación”, indicó.
La dirigente explicó que la Ley de Emergencia en Discapacidad no genera un gasto extra, sino que busca garantizar el financiamiento de derechos ya legislados. Con más de 1.500 personas beneficiarias y casi 1.000 profesionales trabajando en instituciones adheridas a la UENDISFE, el déficit de recursos genera una presión constante que pone en riesgo la continuidad de hogares y servicios para personas con discapacidad, muchos de ellos adultos mayores o judicializados.
Expectativa y alerta ante la implementación
Si bien el rechazo del veto fue celebrado como una victoria histórica, Ortolochipi sostuvo que la comunidad mantiene un estado de alerta frente a la implementación de la ley. “No hay forma de comunicarnos con alguien que tenga poder de decisión. Vamos a seguir expresándonos públicamente para que se entienda este estado de alerta”, afirmó.
A pesar de las dificultades, la dirigente destacó que la sanción de la ley renueva la esperanza de avanzar hacia una situación más justa y sostenible para personas con discapacidad e instituciones que las acompañan.
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