El pasado 25 de junio, en el marco de la 3ª Reunión Ordinaria del Consejo Superior, la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) –que agrupa a 32 facultades regionales de todo el país– declaró el estado de Emergencia Salarial para el personal docente y no docente. La medida fue votada por unanimidad y apunta a visibilizar el grave deterioro de las condiciones laborales dentro del sistema universitario.
En diálogo exclusivo con la Nueva Nueve, Lucila Rossi Gerard, abogada y representante de la UTN Regional Santa Fe, explicó que la resolución responde a la creciente renuncia de docentes universitarios a su cargo como consecuencia directa del déficit salarial.
En este punto, aseguró que la situación no es es crítica solo en la UTN sino también en otras instituciones educativas, donde se repite el mismo fenómeno: docentes que abandonan sus cargos por los bajos salarios.
“La situación ha debilitado la estructura de las cátedras, afectando la formación de las nuevas generaciones de profesionales”, advirtió Rossi Gerard y subrayó que la precarización desalienta la incorporación de graduados altamente calificados, lo que impacta negativamente en la renovación y el fortalecimiento de los equipos de trabajo.
“Un docente con dedicación simple -10 horas cátedras- cobra hoy alrededor de 180 mil pesos de bolsillo. Es imposible sostenerse con eso, sobre todo para profesionales altamente calificados que deben capacitarse, concursar y renovar sus cargos cada nueve años“ detalló.
Según comentó la representante legal, la declaración de emergencia tiene como objetivo exigirle al Poder Ejecutivo la convocatoria urgente a paritarias libres y condiciones dignas para el desarrollo de las tareas académicas. “Esto impacta de lleno en la calidad educativa, en la continuidad académica y en la sustentabilidad del sistema universitario” , denunció.
La UTN respalda una ley de financiamiento universitario
Además de declarar la emergencia, el Consejo Superior resolvió expresar su respaldo al proyecto de Ley de Financiamiento Universitario, que establece un piso mínimo del 1% del PBI para el sostenimiento del sistema. Este proyecto, según Rossi Gerard, “no implica nuevos impuestos, pero sí garantiza la obligación legal y ética del Estado con la educación superior“.
Finalmente, remarcó que el impacto no se limita solo a la docencia, “la crisis también afecta la investigación y la extensión universitaria”, áreas clave para el desarrollo del país que hoy están siendo desmanteladas por falta de recursos y de personal capacitado.
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