Tras un año de trabajo de organizaciones de todo el país, finalmente un juez de primera instancia ordenó al Gobierno nacional poner en vigencia la Ley de Emergencia en Discapacidad.
La norma, que había sido sancionada tras una intensa militancia y luego vetada parcialmente, establece una “canasta mínima” de derechos y prestaciones para personas con discapacidad, vigente hasta 2027.
Mariela Peña, presidenta de Incluime Santa Fe y abogada especialista en derechos de personas con discapacidad, explicó que la ley se encontraba sin aplicación efectiva por falta de recursos del Estado.
Por este motivo, presentaron un amparo colectivo, en el que “se logró con la participación de familias de todo el país, y ahora el juez dictaminó que el Gobierno debía cumplir inmediatamente con la ley”, señaló.
Apelación y dificultades para las instituciones
El Gobierno nacional anunció que apelará la sentencia en las próximas 48 horas. Según Peña, el juez decidirá si la apelación suspende o no los efectos de la ley mientras la Cámara se expida.
“Esperamos que se cumpla la ley de manera inmediata, como corresponde en materia de salud y discapacidad, pero esto se viene dilatando durante todo el año”. indicó.
La dirigente destacó que muchas instituciones tuvieron que cerrar por problemas económicos, dejando a numerosos niños, jóvenes y adultos sin acceso a tratamientos esenciales.
“Los transportes que llevaban a los chicos también dejaron de funcionar, porque el valor del kilómetro no cubre el costo del combustible”, detalló Peña, señalando que el servicio se volvió insostenible y muchos conductores optaron por trabajos mejor remunerados en otros sectores.
Presupuesto y perspectivas
En relación al presupuesto 2026, Peña advirtió que las partidas para discapacidad no son significativas y que no existe un programa integral de políticas públicas para el colectivo.
“Por eso esta ley es clave: garantiza una mínima cobertura y actualizaciones automáticas hasta 2027, sin depender de la voluntad del Gobierno”, explicó.
Finalmente, Peña subrayó la importancia de que la ley se cumpla, para que las instituciones puedan sostener sus servicios y las personas con discapacidad accedan a sus derechos sin interrupciones.
