El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) pidió ante la Cámara Federal porteña que se reabra la investigación por el presunto espionaje a periodistas, sindicalistas, activistas, académicos y organizaciones sociales durante el gobierno de Mauricio Macri.
La organización, querellante en la causa, apeló los sobreseimientos de los exjefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas y Silvia Majdalani y reclamó que ambos sean citados a indagatoria. También pidió revocar los sobreseimientos de Martín Coste, exresponsable de la Dirección Operacional de Contrainteligencia, y Carlos Tonelli Banfi, exdirector de Eventos Especiales de la AFI.
El planteo fue presentado ante los camaristas Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola, quienes deberán revisar la decisión del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi. El CELS solicitó además que el magistrado sea apartado del expediente.
Las 403 fichas de la AFI
La causa se concentra en 403 fichas elaboradas por la AFI durante los operativos de seguridad de la Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC), realizada en Buenos Aires en 2017, y de la cumbre del G20 de 2018.
Los documentos fueron encontrados en enero de 2020 por la entonces interventora de la AFI, Cristina Caamaño, en tres sobres que estaban guardados en el “Área Restringida” de la Dirección Operacional de Contrainteligencia.
Las fichas contenían información sobre las posiciones políticas e ideológicas de las personas relevadas, además de datos sobre militancia social, actividad sindical, vínculos, publicaciones en redes sociales y creencias religiosas. Entre las caracterizaciones consignadas aparecían expresiones como “podemos inferir que es kirchnerista”, “manifiesta una postura cercana al gobierno” y “devoción por el catolicismo”.
Para el CELS, esos registros constituyen un “fichaje ideológico” y no pueden justificarse simplemente por tratarse de información obtenida de fuentes públicas. La organización sostiene que la Ley de Inteligencia Nacional prohíbe producir o almacenar información sobre personas en función de sus opiniones políticas o ideológicas.
El argumento del juez y el pedido de apartamiento
Martínez de Giorgi había sobreseído a Arribas, Majdalani, Coste y Tonelli Banfi a principios de septiembre, al considerar que las tareas de inteligencia estaban justificadas por las necesidades de seguridad vinculadas con la organización de la OMC y el G20.
El magistrado también tuvo en cuenta que parte de la información había sido obtenida de fuentes abiertas, como redes sociales.
El CELS cuestionó esa interpretación y sostuvo que no existe en el expediente evidencia concreta que demuestre que las personas relevadas representaran un riesgo para esos eventos internacionales. Según la organización, el juez habría utilizado referencias generales sobre posibles escenarios de violencia sin acreditar una hipótesis de conflicto específica en la Argentina.
Otro de los cuestionamientos apunta a que los imputados fueron sobreseídos sin haber sido citados previamente a indagatoria. El CELS sostiene que al momento de la resolución todavía estaban pendientes pedidos para que los exfuncionarios prestaran declaración.
Por ese motivo, la organización considera que Martínez de Giorgi no debería continuar al frente de la investigación si la Cámara decide reabrirla.
Nuevas pruebas y el rol de la AFI
En su presentación, el CELS también cuestionó la forma en que la AFI habría obtenido parte de la información. Uno de los ejemplos mencionados es una ficha vinculada con una reunión del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) en el Hotel Bauen, donde se consignó que los datos provenían de “fuentes propias”.
Para la querella, esa referencia podría indicar la utilización de informantes dentro de una reunión de un partido político legalmente constituido. El CELS pidió profundizar la investigación sobre ese punto.
Además, solicitó que sean citados como testigos María del Carmen González, Gastón Schulmeister, Carlos Federico Guillermo Becker Fioretti y Claudio Ricardo Gutiérrez, vinculados con la organización de la OMC y el G20, para determinar cómo se diseñaron los operativos de seguridad y qué información manejaban los responsables de esos eventos.
El fiscal federal Franco Picardi también apeló los sobreseimientos y sostuvo que existían elementos suficientes para avanzar con las indagatorias. Ahora, la Cámara Federal deberá resolver si confirma el cierre dispuesto por Martínez de Giorgi o si revoca los sobreseimientos y ordena continuar con la investigación.
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