La Agencia de Trata de Personas, junto a la Policía de Investigaciones, llevó a cabo un operativo este viernes que permitió liberar a 31 personas que eran explotadas en un campo ubicado en la ruta provincial 77, en Pozo Borrado, norte de Santa Fe. La investigación se inició a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y está siendo llevada adelante por la Fiscalía Federal de Rafaela.
Según fuentes policiales, las víctimas –entre ellas dos menores de edad– cumplían jornadas de trabajo de lunes a lunes en tareas de desmalezamiento. Percibían apenas 300 mil pesos cada quince días, de los cuales se les descontaba el costo de las comidas. Además, carecían de agua potable y debían hacer sus necesidades en tachos, viviendo en condiciones de extrema insalubridad.
La investigación reveló que muchos de los trabajadores eran oriundos de Santiago del Estero, no podían abandonar el lugar y carecían de medios de comunicación. La mayoría no sabía leer ni escribir, y solo algunos contaban con documentación personal. Durante el allanamiento, los agentes secuestraron celulares, un cuaderno con anotaciones y vincularon a dos personas con la causa.
Las víctimas fueron asistidas por la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, que se encargó de su alojamiento y alimentación, y también recibieron apoyo del Programa de Rescate y Acompañamiento de Víctimas del Delito de Trata de Personas, del Ministerio de Seguridad de la Nación.
