La diputada nacional y ex intendenta de Rosario, Mónica Fein, anunció que la comisión investigadora de la Cámara de Diputados iniciará un profundo análisis político y administrativo sobre el caso del fentanilo contaminado que provocó múltiples muertes. La legisladora aseguró que el foco estará en identificar encubrimientos, omisiones y fallas institucionales que permitieron el funcionamiento irregular del laboratorio HLB Pharma, conducido por el empresario Ariel García Furfaro, actualmente imputado.
Fein fue enfática: “Lo que ocurrió no se puede reparar, pero debemos evitar que vuelva a pasar”. En declaraciones radiales, detalló que el trabajo de la comisión no interferirá con la causa judicial a cargo del juez Ernesto Kreplak, pero que sí intentará dilucidar responsabilidades políticas y fortalecer los sistemas de control, especialmente el rol de ANMAT y el Ministerio de Salud.
En ese sentido, la diputada ya anticipó una serie de preguntas claves:
¿Por qué ANMAT demoró tanto en intervenir?
¿Tenía conocimiento el ministro de Salud?
¿Qué sucedió con los 4 kilos de fentanilo que desaparecieron antes del allanamiento?
La comisión tendrá su primera reunión el martes próximo, donde se recibirá a familiares de las víctimas y se habilitará un registro online para canalizar denuncias y testimonios. Además, Fein buscará una reunión formal con el juez Kreplak para coordinar esfuerzos sin entorpecer la causa judicial.
El punto de inflexión del caso fue la difusión de videos comprometedores donde García Furfaro aparece instruyendo a empleados para destruir documentación y simular irregularidades administrativas. Esa evidencia, que derivó en su procesamiento, también encendió las alarmas en el Congreso, que ahora exige transparencia y rendición de cuentas.
“El Congreso no puede mirar para otro lado cuando hay vidas en juego por negligencia o corrupción”, cerró Fein.
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La comisión legislativa activará un registro de víctimas y llamará a declarar a funcionarios. Buscan evitar que vuelva a ocurrir una catástrofe sanitaria como la actual. El escándalo estalló tras los videos donde García Furfaro ordena destruir pruebas.
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