El debate por el Presupuesto 2023 ingresó en la recta final en la Cámara de Diputados, pero el dictamen final generó preocupación y enojo dentro del Poder Judicial, ya que se añadió sorpresivamente un artículo referido a la eliminación de la exención del pago del Impuesto a las Ganancias para jueces, funcionarios y empleados judiciales.
Fue a pedido del diputado Marcelo Casaretto (FdT): “Creo que hay que modificar, dentro del rubro de Gastos Tributarios, la exención de los ingresos de magistrados y funcionarios de los poderes judiciales nacionales y provinciales”.
En el año 2016 la Ley 27.346 estableció que los magistrados que ingresaran al Poder Judicial de la Nación a partir del 1 de enero de 2017 empezarían a pagar el tributo. Esta medida se judicializó a través de una medida cautelar de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) y llegó hasta la Corte Suprema de Justicia.
Así se modifica el artículo 82 de la Ley de Impuesto a las Ganancias – sobre la cuarta categoría- y detalla: “En el caso de los Magistrados, Funcionarios y Empleados del Poder Judicial de la Nación y de las provincias y del Ministerio Público de la Nación, independientemente de la fecha de su nombramiento, y por todos los conceptos que integran sus remuneraciones, excepto que por su naturaleza, corresponda su deducción, de acuerdo con las disposiciones de la presente ley”.
Este cambio generó fuertes repercusiones. En este sentido, la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) se declaró en estado de alerta y sostuvo que es “absolutamente inaceptable que en plena crisis económica se trate de cargar las tintas sobre los y las trabajadoras como posible variable de ajuste”.
“Es hora que la dirigencia política se de cuenta que los trabajadores y trabajadoras somos los/as que podemos sacar a nuestro querido país de la crisis que nos azota desde hace décadas, pero de ninguna manera será con impuestos absurdos, ajuste, tarifazos o inflación”, señaló el gremio liderado por Julio Piumato a través de un comunicado, que además adelantó que realizarán un paro el próximo 25 de octubre, con movilización en todo el país.
Asimismo, la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial (FAM) rechazó la incorporación del artículo y recordó que en el debate de la Ley 27.346 “se entendió que modificar la situación de los ya prestaban servicios resultaba una medida que afectaría gravemente la intagibilidad de las remuneraciones” y que esta nueva modificación legislativa es “confiscatoria de los haberes y constituye un avance sobre la indendencia judicial”.
Desde la lista Compromiso Judicial expresaron también que se trata de un “atropello” y resaltaron que “la función de los integrantes del sistema de justicia, a diferencia del resto de la función pública, conlleva la inhabilitación para ejercer la profesión u otra actividad lucrativa”.
También advirtieron que los funcionarios y magistrados realizan “aportes jubilatorios por un porcentaje total del 18% -sin tope legal alguno- del salario bruto, normalmente durante varias décadas”. En tanto, la lista Celeste afirmó que el “salario no es ganancia” y que la “independencia judicial no se negocia”.
“Violenta la clausula constitucional que protege los salarios del Poder Judicial y los Ministerios Públicos”, añadieron desde la AMFJN, que por estas horas convocó a una sesión permanente y se puso en contacto con todos los espacios de la entidad para unir fuerzas.
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