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La Justicia Federal avaló el pedido de Felipe Michlig para que Vialidad repare de manera urgente la ruta nacional 34

La demandada deberá cumplirse de forma inmediata tareas de mantenimiento mínimo indispensables sobre Ruta Nacional N° 34, en el tramo vial comprendido entre las localidades de Curupaity, Monigotes y Palacios.

El Juzgado Federal de Primera Instancia de la ciudad de Rafaela, a cargo del Dr. Aurelio Cuello Murúa, resolvió hacer lugar a la medida cautelar que impulsó el senador por el Departamento San Cristóbal, Felipe Michlig, para que se hagan reparaciones urgentes en la ruta nacional 34.

La resolución judicial será por tres meses y ordena a la Dirección Nacional de Vialidad y Corredores Viales SA, para que realicen de forma inmediata tareas de mantenimiento mínimo indispensables, tales como iluminación, señalización horizontal y vertical, bacheo provisorio, limpieza, reparación y acondicionamiento de banquinas y desagües. Será en el tramo vial de la Ruta Nacional N° 34, comprendido entre las localidades de Curupaity, Monigotes y Palacios, del departamento San Cristóbal; abarcando una extensión de aproximadamente 50 km. perteneciente a la Provincia de Santa Fe.

La resolución exige a la Dirección Nacional de Vialidad y la concesionaría a que “en el plazo de 10 días, acredite en estos autos inicio de cumplimiento”.

El senador Michlig recalcó que “acudimos a la vía judicial ante la mora y desidia de la DNV, y la falta de respuesta oportunas y urgentes a los trámites administrativos que se han realizados desde el gobierno Provincial y que muchísimas veces y por distintos canales hemos reclamado, generando que, en el mientras tanto, se sigan produciendo accidentes que han costado vidas humanas y enormes daños de distintas consideraciones”.

Cabe acotar que en la resolución judicial también se resuelve que el senador Michlig se encuentra “legitimado” para promover la acción en el doble carácter invocado, ya que “esta situación lo coloca en la posición de afectado directo por la desidia administrativa de la DNV que, a su vez, pone en riesgo la vida y la salud de los ciudadanos a los que representa en ejercicio de sus funciones institucionales”.

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