La Legislatura provincial volvió a dar señales de alarma sobre la situación de las universidades públicas. Este jueves, en el marco de la Sexta Sesión Ordinaria del Senado de Santa Fe, el senador por el departamento La Capital, Julio “Paco” Garibaldi, fundamentó una comunicación aprobada por el cuerpo para exigir al Poder Ejecutivo Nacional el cumplimiento de la Ley N° 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente. El reclamo apunta a garantizar los recursos destinados al sistema universitario público y a recomponer los salarios del sector docente.
Por su parte, en la Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe, la legisladora Gisel Mahmud —que preside la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación— viene llevando adelante la misma bandera desde el año pasado. En el recinto de la cámara baja provincial, Mahmud sostuvo que “Argentina necesita previsibilidad para sus universidades” y advirtió que “la defensa de la educación pública no admite ambigüedades: o se la financia, o se la vacía”.
Una ley que existe pero no se aplica
La Ley N° 27.795 fue sancionada el 21 de agosto de 2025 por el Congreso de la Nación, con dos tercios de los votos en ambas cámaras, tras el intento de veto del Poder Ejecutivo Nacional. Su objetivo es garantizar el financiamiento de la educación universitaria pública en todo el país y recomponer los salarios docentes y no docentes que perdieron poder adquisitivo desde diciembre de 2023.
Sin embargo, el gobierno de Javier Milei no la aplicó. En abril de 2026, la Cámara Contencioso Administrativo Federal rechazó la apelación del Ejecutivo y confirmó la medida cautelar que lo obliga a cumplir de inmediato con los artículos 5 y 6 de la ley, referidos a la actualización salarial de los trabajadores universitarios. Aun así, el incumplimiento persiste.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina y el Frente Sindical notificaron formalmente a la Justicia el incumplimiento del gobierno, y advirtieron que convocarían nuevas movilizaciones en la primera quincena de mayo si no obtenían respuestas. Las cifras son contundentes: desde 2023, las transferencias a las universidades públicas cayeron un 45,6 por ciento.
La voz santafesina
El reclamo de Garibaldi en el Senado y el de Mahmud en Diputados reflejan una preocupación compartida por la comunidad universitaria de toda la provincia, donde la Universidad Nacional del Litoral y la Universidad Nacional de Rosario son dos de las casas de estudio más afectadas por el deterioro presupuestario y salarial de los últimos años.
Mahmud, quien preside la Comisión de Educación de la cámara baja provincial, señaló que se trata de una ley “que no sólo busca garantizar recursos, sino garantizar el derecho para que cualquier joven de la Argentina pueda acceder a estudios superiores de calidad”. Y fue contundente al interpelar a los legisladores nacionales: “Tienen una enorme responsabilidad que es la de ponerse al lado del derecho de miles de santafesinos y santafesinas que proyectan un futuro gracias a nuestra universidad.”
Hacia la Marcha Federal
Ambos legisladores coincidieron en que este pedido institucional es un paso previo a la Marcha Federal Universitaria convocada para el próximo martes 12 de mayo.
“La educación pública nos hizo grandes como país y como provincia. Desde Santa Fe le decimos a la Nación que el financiamiento universitario no es negociable”, concluyeron.
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