El Gobierno de Santa Fe informó los resultados del plan integral de control y fiscalización de desarmaderos, chatarrerías y comercios de metales, una estrategia implementada desde el inicio de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro. El relevamiento muestra una mejora significativa en dos problemáticas urbanas sensibles: el robo de cables y el robo de metales, con impactos directos sobre servicios esenciales y seguridad en barrios de Rosario y de la capital provincial.
La intervención es coordinada entre los ministerios de Gobierno e Innovación Pública y de Justicia y Seguridad, e incluye controles permanentes, clausuras de establecimientos irregulares, trazabilidad del material comercializado y articulación con fiscalías y fuerzas policiales. El objetivo central es desarticular los mercados ilegales que sostienen económicamente estos delitos.
Rosario: 93 % menos robo de cables y 86 % menos robo de metales
En Rosario, la Provincia reportó una reducción del 93 % en el robo de cables entre 2024 y 2025 y una baja del 86 % en el robo de metales en el mismo período. Según el informe oficial, los operativos sobre desarmaderos y compradores mayoristas permitieron cerrar puntos de reventa ilegal y bloquear el circuito de comercialización que hacía rentable el delito. Como consecuencia, en los sectores más afectados se recuperó infraestructura eléctrica y de servicios que permanecía fuera de funcionamiento.
Ciudad de Santa Fe: 83 % menos robo de cables y 80 % menos robo de metales
En la capital provincial, las cifras también evidencian una caída pronunciada: 83 % menos robo de cables entre 2024 y 2025 y 80 % menos robo de metales. El esquema de fiscalización continua incluyó inspecciones, clausuras y el control de la trazabilidad del material que ingresa a las chatarrerías, con el propósito de ordenar la actividad y reducir los puntos críticos asociados a cortes de servicios e inseguridad.
Una política sostenida de control y fiscalización
El secretario de Gestión de Registros, Matías Figueroa Escauriza, sostuvo que “estos resultados no son aislados, sino parte de una política sostenida que combina decisiones firmes, controles inteligentes y coordinación con el territorio y los gobiernos locales”. “La estrategia se inscribe en un enfoque de Estado presente, transparencia, uso eficiente de los recursos públicos y combate frontal contra la economía ilegal”, añadió.
Por su parte, el director provincial de Desarmaderos, Gerardo Rodríguez, señaló que, además de la caída del robo de cables, el sistema de emergencias 911 registró una disminución de llamados por cortes de servicios esenciales durante el último año. También indicó que entidades afectadas -como la EPE, ASSA, empresas de telefonía y cooperativas locales- informaron una baja de incidentes vinculados al vandalismo y sustracción de metales.
Rodríguez explicó que, al inicio de la gestión, la provincia contaba con 38 desarmaderos registrados. “Con una política sostenida de controles, inspecciones y regularización, se incorporaron 51 establecimientos al sistema formal, fortaleciendo el registro provincial y cerrando espacios a la informalidad que alimenta el mercado ilegal de autopartes y metales”, afirmó.
En ese marco, informó que en los últimos dos años se incautaron más de 2.000 toneladas de materiales en operativos realizados en chatarrerías y desarmaderos. Desde el Gobierno Provincial recordaron que quienes deseen regularizar su situación o denunciar establecimientos irregulares pueden comunicarse por correo electrónico a [email protected].
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