Los diputados provinciales por Unidos Ximena García, Walter Ghione y Germán Scavuzzo, y el senador Ciro Seisas, trabajan en un proyecto de ley que busca prohibir la actividad de cuidacoches en toda la provincia de Santa Fe.
La propuesta surge como respuesta a una problemática que combina inseguridad y uso indebido del espacio público, transformando una ayuda informal en situaciones de presión, extorsión y violencia para los vecinos, según los legisladores.
“El espacio público es de todos los santafesinos y no de quienes pretenden adueñarse de la calle mediante la amenaza. No podemos seguir permitiendo que el vecino se sienta rehén en su propia ciudad”, sostuvo Ximena García, quien destacó que el proyecto busca terminar con la “doble imposición” de pagar estacionamiento medido y, a la vez, un aporte informal forzado.
La iniciativa busca dar un marco legal homogéneo y efectivo integrando las iniciativas de los distintos diputados y toma como referencia la experiencia de la ciudad de Santa Fe. Además, García destacó que la propuesta fue trabajada en articulación con el Gobierno Provincial.
“Estamos sumando fuerzas para que la provincia cuente con una norma clara. Hoy los municipios encuentran límites: cuando hay reincidencia o violencia, la intervención termina en una demora breve y la persona vuelve a la calle a las pocas horas. En Rosario pasa lo mismo: hay operativos, pero sin una ley provincial el abordaje queda incompleto”, explicó García.
El proyecto incorpora una respuesta gradual, proporcional y aplicable en la práctica para ordenar la convivencia en el espacio público, siempre que la conducta no constituya un delito. La sanción prioriza el trabajo comunitario como primera medida y prevé arrestos contravencionales para los casos de reincidencia.
La sanción contravencional se aplica únicamente cuando la actividad esté expresamente prohibida por la normativa local vigente, de modo que cada municipio mantiene la facultad de regular el uso del espacio público según su realidad respetando la autonomía consagrada en la Constitución Provincial.
La norma prevé un programa provincial de inclusión y formación laboral, junto con la creación de un registro e incentivos para que el sector privado incorpore a quienes decidan dejar la calle. “Esta ley combina la firmeza necesaria para recuperar el orden con las herramientas para que quien quiera trabajar de verdad tenga una oportunidad formal. Se trata de brindar un marco jurídico que permita actuar con coherencia, firmeza y sensibilidad social en toda la provincia”, concluyó.
