La reunión que encabezó Javier Milei el pasado jueves en la Casa Rosada con 16 gobernadores y el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires marca un giro táctico en su relación con las provincias: de enfrentamiento abierto a tentativa de alianza condicionada. El objetivo: cerrar apoyos para el Presupuesto 2026 y para la agenda de reformas laboral, tributaria y hasta penal que el Gobierno apunta a introducir.
Una foto calculada
Si bien la convocatoria fue amplia —se estima que convocó entre 15 y 20 mandatarios provinciales— el hecho de que se haya excluido expresamente a figuras peronistas como Axel Kicillof evidencia que no se trata de un verdadero “bloque federal” abierto, sino de una alianza selectiva. El mandatario parece reconocer que su mayoría parlamentaria requerirá respaldos territoriales más allá de su espacio político, pero lo hace sin sacrificar su perfil disruptivo.
¿Qué pidieron las provincias?
En el centro del tablero están tres grandes temas:
• El Presupuesto 2026: las provincias reclaman que la distribución de los recursos —coparticipación, ATN, obras públicas— aparezca claramente contemplada antes de suscribir cualquier apoyo simbólico.
• Reforma tributaria: las jurisdicciones productivas buscan alivio del gravamen nacional (como impuestos al cheque o retenciones) pero junto con una garantía de que no queden “desfinanciadas” por el recorte de recursos nacionales. También piden que el esquema nuevo contemple la diversidad territorial.
• Reforma laboral: el Gobierno propone primacía de convenios de menor escala, flexibilización vinculada a productividad y un nuevo marco para empleo formal. Las provincias registran la señal, pero advierten que necesitan ver los costos sociales locales, sectoriales y el impacto sobre la estructura sindical provincial.
El bloque Provincias Unidas y su papel de bisagra
Este grupo de gobernadores —que incluye a mandatarios de Santa Fe, Córdoba, Chubut, Jujuy, entre otros— aparece en este momento como interlocutor clave: no oposición frontal, pero tampoco aval automático. Reconocen la necesidad de reformas pero exigen “varios puntos a discutir”. En otras palabras: quieren ser parte del cambio pero con un rol definido, no subalterno.
Santa Fe y su gobernador como caso testigo
La participación de Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe, adquiere relevancia por su doble condición: liderazgo territorial en una provincia de peso productivo, y pertenencia al bloque Provincias Unidas. Su asistencia a la Casa Rosada y su posicionamiento ante la reforma tributaria y laboral expresan bien la lógica provincial: “acompañamos lo que impulse la producción, pero exigimos que se vea reflejado en los hechos”. Este perfil provincial, que combina apertura al cambio con defensa del territorio, es el que probablemente domine las negociaciones próximas.
Riesgos y oportunidades
Para Milei se abre una ventana de oportunidad: con la foto y esta convocatoria inaugura un cambio de tono que puede facilitar la sanción de su agenda estructural. Pero también hay riesgos: si las provincias sienten que la reforma avanza sin contrapartida, podrían endurecer la negociación o incluso resistir desde el Congreso o desde sus bancadas. Por su parte, para los gobernadores la estrategia es delicada: quedar alineados con el oficialismo puede traerles contracargos electorales o enfrentar reclamos locales si la reforma laboral o impositiva genera rechazo.
Hacia dónde va la próxima etapa
La clave estará en el timing y en la letra chica: el Gobierno proyecta mandar las iniciativas al Congreso tras el recambio parlamentario de diciembre. Las provincias ya dejaron claro que su acompañamiento dependerá de que el Presupuesto 2026 incluya garantías, y que el nuevo modelo tributario y laboral contemple realidad territorial y productiva. Si esas condiciones se cumplen, podríamos ver un bloque transversal que facilite la aprobación. De lo contrario, la foto del jueves puede quedar como un gesto sin mayor derivación efectiva.
Conclusión
El encuentro del jueves pasado no fue apenas simbólico, sino táctico: Milei cambió la estrategia de enfrentamiento hacia una de negociación. Los gobernadores, por su parte, aceptaron el diálogo, pero en sus propios términos. En este nuevo escenario, la reforma estructural —laboral, impositiva, presupuestaria— ya no dependerá sólo del Ejecutivo, sino también de la capacidad de los mandatarios provinciales para insertar condiciones territoriales al gran cambio nacional. Será una negociación dura, con mucho riesgo político para todos, pero quizás la única vía para convertir la agenda de reformas en realidad legislativa.
