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Militares podrán trabajar en Uber porque no les alcanza el sueldo

El Ministerio de Defensa habilitó que integrantes de las Fuerzas Armadas accedan a un segundo empleo privado para complementar ingresos, en medio del deterioro del poder adquisitivo.

El Ministerio de Defensa reconoció la crisis salarial que atraviesan los militares y habilitó por primera vez que los integrantes de las Fuerzas Armadas puedan acceder a un segundo empleo en el sector privado para complementar ingresos.

La decisión aparece como una respuesta a los reclamos sostenidos dentro de los cuarteles, en un contexto de fuerte pérdida del poder adquisitivo y de una política de contención salarial que impacta de lleno en el personal militar. La medida llega luego de la paralización de la jerarquización salarial impulsada en la gestión anterior, que buscaba equiparar los ingresos con los de las fuerzas de seguridad.

Según publicó el medio Gestión Sindical, la resolución de Defensa autoriza el desarrollo de actividades laborales complementarias fuera del horario de servicio. La disposición alcanza a soldados, suboficiales y oficiales, que desde ahora podrán desempeñarse legalmente en el ámbito privado para reforzar sus ingresos.

Entre las actividades habilitadas se incluyen el transporte mediante aplicaciones, el delivery, servicios de seguridad privada y otras ocupaciones compatibles con la función militar.

De este modo, personal de las Fuerzas Armadas -formado en áreas estratégicas como logística, inteligencia, comunicaciones, operaciones tácticas y defensa territorial- queda habilitado a buscar ingresos extra en el sector privado para compensar salarios que han perdido poder de compra de manera sostenida.

La medida expone además un problema estructural: la creciente dificultad para retener personal calificado dentro de las fuerzas. Oficiales, suboficiales y profesionales especializados vienen dejando la carrera militar ante la falta de competitividad salarial frente al mercado laboral.

En ese marco, distintos informes advierten una caída marcada del poder adquisitivo de los haberes castrenses desde el inicio de la actual gestión, en un contexto de ajuste del gasto público que impacta también en la capacidad operativa y de sostenimiento del sistema de defensa.

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