El Gobierno de Santa Fe dio un paso importante en materia ambiental con una resolución conjunta de los ministerios de Ambiente y Desarrollo Productivo que establece nuevas restricciones para la pesca comercial. El objetivo es proteger las especies autóctonas y avanzar hacia un modelo de explotación sustentable del recurso ictícola, ante la fuerte caída de la reproducción de los peces y el impacto del cambio climático en los ríos.
En este marco, el diputado Palo Oliver celebró en diálogo con la Nueva Nueve la decisión y la calificó como “una medida necesaria y largamente reclamada”.
En esta línea, agregó que “Argentina debe dejar atrás un modelo pesquero extractivista en aguas continentales y avanzar hacia uno sustentable” y señaló que somos uno de los pocos en el mundo que exporta fauna autóctona, “eso implica poner en riesgo un recurso que, si no se cuida, se agota”, advirtió.
El legislador recordó que desde 2018 reclama modificaciones en la política pesquera y que, ante la falta de respuestas, en 2020 presentó un amparo colectivo para exigir a la Provincia la formulación de un plan de manejo sustentable.
La justicia falló a favor en 2023 y la medida quedó firme en 2024, “por primera vez se escuchó a los científicos, que vienen advirtiendo hace años sobre la disminución del recurso”, destacó Oliver.
Según los estudios citados por el diputado, el 75% de la tasa de reproducción del sábalo se perdió en los últimos diez años, una cifra alarmante teniendo en cuenta que se trata de la especie clave en la cadena alimentaria de los ríos del Litoral.
Control y asistencia para los pescadores artesanales
Oliver también llamó a fortalecer los controles en los puertos de fiscalización, históricamente señalados como “un colador” por la falta de supervisión, y a discutir una reforma más profunda del sistema pesquero: “Los pescadores artesanales siguen siendo trabajadores precarizados: sin obra social, sin aportes y con ingresos mínimos. Mientras tanto, los frigoríficos son los que hacen negocio”, cuestionó.
La resolución provincial entrará en vigencia el 3 de diciembre y prevé la asistencia económica a unas 1.500 familias de pescadores, mediante un subsidio equivalente al salario mínimo, vital y móvil.
Finalmente, Oliver sostuvo que la medida “debe ser un punto de partida para debatir a nivel nacional la prohibición de exportar especies autóctonas” y para garantizar condiciones dignas a las comunidades ribereñas que dependen de la pesca.
