El posible pedido de arbitraje internacional ante el avance de las exploraciones petroleras en el área de las Islas Malvinas reabrió el debate sobre el rumbo de la política exterior argentina y las intenciones del Poder Ejecutivo detrás de este anuncio.
En diálogo con “Amanecer no es poco”, el analista y diplomático Juan Pablo Lohlé señaló que la movida del Gobierno sobre la cuestión Malvinas responde, en gran medida, a una estrategia de comunicación política orientada a desplazar de la agenda pública los temas de mayor tensión social, como la caída del salario, la recesión económica y el estancamiento de la inversión pública.
“La cuestión Malvinas siempre genera un cambio de clima en la información pública” advirtió Lohlé, al tiempo que cuestionó si este tipo de medidas logrará resultados concretos en el plano diplomático o si quedará únicamente en una maniobra interna para “instalar temas de alta relevancia que tapen la realidad del ciudadano común”.
Un arbitraje sin precedentes
Respecto del plano jurídico, la advertencia argentina de recurrir a los mecanismos de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) para frenar el desarrollo del proyecto Sea Lion fue calificada como un movimiento inédito.
Lohlé remarcó que no existe antecedentes de recurrir a un arbitraje de esta índole por la cuestión Malvinas y dudó de la viabilidad formal de la medida, dado que hasta el momento no se ha efectivizado una presentación formal y el Reino Unido no está obligado a aceptar dicha instancia arbitral. Además, recordó que la discusión de los recursos naturales está indisolublemente ligada al debate de la soberanía, un punto en el que Gran Bretaña mantiene su negativa histórica a negociar en el marco de la Resolución 2065 de la ONU.
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