Educación

Paritaria docente: desde Sadop reclaman actualización salarial y la vuelta de la cláusula gatillo

El Secretario General de SADOP Rosario, Martín Lucero, advirtió sobre la pérdida de poder adquisitivo de los sueldos y criticó el sistema de presentismo que aplica el gobierno provincial. Señaló que los maestros “no pueden vivir con 840 mil pesos” y exigió mecanismos automáticos de actualización.

En diálogo con Amanecer no es poco, Lucero aseguró que los salarios docentes provinciales siguen rezagados frente a la inflación.

Según sus cálculos, desde el segundo semestre de 2025 los sueldos perdieron entre 7 y 8 puntos frente a la suba de precios, y estimó que la inflación del primer semestre de 2026 tendrá un piso del 12%.

En esta línea, el dirigente destacó que un maestro promedio “no puede cobrar 840 mil peso”, cifra que consideró insuficiente para cubrir las necesidades básicas de una familia tipo. Además, señaló que Santa Fe pasó de estar entre las provincias con mejores salarios docentes a ubicarse entre la 13° y 15° posición del país.

Lucero insistió en la necesidad de reactivar la cláusula gatillo, mecanismo que permite actualizar automáticamente los sueldos frente a la inflación y evita que los aumentos por decreto queden por debajo del costo de vida real.

El secretario remarcó que las decisiones finales en la paritaria las toman los docentes en asamblea, no los dirigentes, y que los sindicatos mantienen la disposición al diálogo para llegar a acuerdos que beneficien a los trabajadores de la educación.

Premio de asistencia perfecta: “acto de crueldad”, según SADOP

Lucero explicó que el esquema de Premio de asistencia perfecta, implementado por el gobierno para incentivar la asistencia, termina siendo injusto en la práctica. Señaló que se descuentan los montos a docentes que están embarazadas, con enfermedades graves o con familiares internados, situaciones en las que la asistencia no es posible.

El dirigente agregó que estas situaciones no afectan únicamente a maestros, sino también a trabajadores de otras áreas del empleo público, como bibliotecarios o personal de escuelas técnicas, que a pesar de cumplir con su jornada diaria no reciben el premio debido a cuestiones administrativas o de categorización.

“Si no quieren pagar por los paros, se puede discutir, pero descontar en estas situaciones es un acto de crueldad”, sostuvo Lucero, enfatizando la necesidad de ajustar el sistema para que sea justo y respete las circunstancias personales de cada trabajador.

Por último, el secretario aclaró que la intención no es eliminar la idea de premiar la asistencia, sino adaptar el esquema a casos de fuerza mayor, reconociendo licencias médicas, ART, maternidad y situaciones familiares graves, de manera que el beneficio cumpla su función de incentivo sin perjudicar a quienes enfrentan situaciones excepcionales.

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