La Argentina atraviesa una instancia decisiva en su reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas y los recursos naturales de su entorno marítimo.
El próximo 28 de noviembre, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar anunciará su decisión sobre el pedido de medidas cautelares presentado por el país para impedir que el Reino Unido avance con la exploración y explotación de petróleo en una zona cuya soberanía se encuentra en disputa.
En las últimas horas, el Gobierno argentino presentó sus últimos alegatos y solicitó formalmente la suspensión de los procedimientos vinculados al proyecto petrolero británico. La preocupación central es que el inicio de las perforaciones pueda generar daños irreversibles sobre los recursos de la plataforma continental y comprometer los derechos soberanos que reclama la Argentina.
En diálogo con Amanecer no es poco, el profesor en Derecho Internacional en Ginebra Marcelo Kohen explicó el alcance de la presentación y remarcó que el planteo argentino no busca que el Tribunal resuelva la disputa de soberanía, sino que intervenga ante el avance de actividades de explotación de recursos no renovables en un territorio marítimo controvertido.
El pedido argentino y los argumentos jurídicos
Kohen señaló que la presentación se sustenta en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de la que tanto Argentina como el Reino Unido forman parte. Ese marco jurídico habilita a solicitar medidas cautelares ante el Tribunal cuando existe una situación de urgencia.
“No puede comenzarse la explotación de recursos no renovables en una plataforma continental que es objeto de controversia“, sostuvo el especialista al explicar la posición argentina.
En ese sentido, detalló que el país solicitó la suspensión de las etapas preparatorias del proyecto británico, además de impedir nuevas licencias o autorizaciones para avanzar con la actividad petrolera. También reclamó garantías para poder cumplir con sus obligaciones de protección ambiental en los espacios marítimos involucrados.
Uno de los principales argumentos está relacionado con el carácter irreversible de la extracción de hidrocarburos. “Los hidrocarburos son un recurso no renovable, es decir, una vez que se extraen no se puede volver a poner”, explicó Kohen.
Y agregó que cada Estado tiene la potestad de decidir cuándo y bajo qué condiciones explotar sus recursos naturales. “Si el Reino Unido comienza a explotar, la Argentina ya no lo puede hacer más”, advirtió.
La estrategia británica y los antecedentes del Tribunal
Por otra parte, Kohen también analizó los argumentos presentados por el Reino Unido, que cuestionó la competencia del Tribunal para intervenir en el caso. Según explicó, la estrategia británica se apoyó principalmente en dos planteos: que la controversia involucra una disputa de soberanía que excede las atribuciones del organismo y que no existiría una situación de urgencia que justifique las medidas solicitadas.
Sobre este último punto, indicó que la explotación estaba anunciada inicialmente para principios de enero, aunque posteriormente la posición británica señaló que el comienzo de las actividades sería en marzo. Para el abogado, ese cambio no modifica la urgencia del reclamo argentino.
Kohen también mencionó un antecedente del propio Tribunal en una controversia entre dos Estados africanos por la delimitación de sus plataformas continentales. En aquella oportunidad, se ordenó evitar nuevas perforaciones en áreas disputadas.
“Estamos pidiendo exactamente lo mismo que lo que el Tribunal decidió hace ya unos años“, afirmó.
El especialista consideró que la Argentina realizó una buena defensa jurídica, aunque mantuvo la cautela respecto del resultado. “La cuestión ahora está en las manos y en el lente de los jueces”, señaló.
Finalmente, aclaró que la resolución del 28 de noviembre no resolverá la totalidad del conflicto. La controversia incluye también los derechos sobre los recursos pesqueros y, fundamentalmente, el reclamo de soberanía sobre las islas, cuestiones que deberán continuar por otras vías jurídicas y diplomáticas.
