El 4 de agosto de 2025, el presidente Javier Milei vetó la Ley de Emergencia en Discapacidad, argumentando preocupaciones sobre el impacto fiscal y la falta de fuentes claras de financiamiento. Sin embargo, el Congreso Nacional, con una mayoría de más de dos tercios en ambas cámaras, rechazó el veto presidencial. Este rechazo obligó al Ejecutivo a promulgar la ley el 22 de septiembre de 2025 mediante el Decreto 681/2025.
A pesar de la promulgación, el mismo decreto estableció que la ejecución de la ley quedaría suspendida hasta que el Congreso determine las fuentes específicas de financiamiento e incluyera las partidas correspondientes en el presupuesto nacional.
Desde el Ejecutivo justificó esta decisión en la Ley 24.629, que establece que toda ley que autorice o disponga gastos debe prever en forma expresa el financiamiento de los mismos, de lo contrario, su ejecución quedará suspendida hasta tanto se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto nacional.
En diálogo con la Nueva Nueve, Mariela Peña, presidenta de Incluime y abogada especialista en derecho de personas con discapacidad, sostuvo que “son momentos de mucha angustia y también de cansancio porque esta ley nos ha llevado un trabajo de más de 10 meses y cada vez que creemos y celebramos que logramos el gobierno nacional pone una barrera nuevamente”.
Según Peña, el Ejecutivo justifica la dilación citando la Ley Nacional y la falta de indicación sobre de dónde saldrán los recursos, pero “en realidad es un atajo para seguir dilatando la situación”, denunció.
Impacto sobre prestaciones y pensiones
La suspensión afecta directamente a personas con discapacidad y a las instituciones que las atienden. “La calidad prestacional ha bajado un montón porque con los mismos recursos que hace un año tenés que brindar un servicio”, explicó Peña. Esto se refleja en menos días de atención, menor calidad nutricional y recortes en transporte.
Además, la ley contemplaba medidas para proteger las pensiones: “En julio fueron 80.000 bajas, en agosto 120.000 y en septiembre vamos por 160.000 bajas. La Ley de Emergencia venía a frenar este proceso y hacer auditorías como corresponde”, subrayó la especialista.
En este escenario de incertidumbre, Peña remarcó que la discusión trasciende la coyuntura, “la vida de las personas con discapacidad no puede estar atada a una coyuntura ideológica, política o partidaria. Estamos hablando del derecho a la vida”.
Mientras la aplicación de la ley sigue en suspenso, las organizaciones insisten en que el desafío es lograr un pacto político y social duradero, que garantice los derechos de las personas con discapacidad más allá de los vaivenes del poder.
