El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, dictó el lunes la Directiva N° 05/2026, mediante la cual instruyó a la Subsecretaría Legal y Técnica a iniciar de manera inmediata las acciones administrativas y judiciales necesarias, en coordinación con Fiscalía de Estado, para el recupero y resarcimiento de los gastos ocasionados al Estado provincial, en función de falsas amenazas a escuelas.
Como resultado de las investigaciones llevadas adelante por la Policía de Investigaciones (PDI) y el Ministerio Público de la Acusación (MPA), la Provincia ya logró identificar a varios responsables de estos hechos, todos ellos menores de edad. En consecuencia, se iniciará el proceso de recupero de costos operativos conforme al protocolo vigente, el cual prevé el reclamo contra los adultos responsables.
Según datos oficiales, entre el 16 y el 21 de abril se registraron 158 intervenciones vinculadas a amenazas en ámbitos escolares, de las cuales 148 ocurrieron entre el 16 y el 20, y 10 el día 21. Cada uno de estos operativos implica un costo de base estimado entre 5 y 6 millones de pesos, en función de los recursos humanos, logísticos y materiales desplegados.
El procedimiento de recupero se activa una vez identificados los responsables, momento en el que se inicia un proceso administrativo de relevamiento, cuantificación de costos y conformación de un expediente individual por cada caso. Posteriormente, se libra una intimación formal de pago a los adultos responsables, quienes cuentan con un plazo perentorio para cumplir con la obligación.
En caso de incumplimiento, se da intervención a Fiscalía de Estado para la promoción de las acciones judiciales correspondientes, lo que puede derivar en reclamos patrimoniales con más intereses, costas y gastos.
No son bromas
Desde el Gobierno Provincial remarcaron la gravedad de estos hechos y su impacto en el sistema de seguridad: “Cada intervención moviliza recursos críticos que dejan de estar disponibles para tareas de prevención. No se trata de bromas: son conductas que generan consecuencias reales”. Además agregaron que “dependiendo de la zona y el despliegue del operativo, el costo del resarcimiento puede ascender a cifras mucho más altas que esos 6 millones”. Y remarcaron que “la idea es recuperar lo que la provincia gasta en cada operativo, no es una sanción accesoria al delito sino un resarcimiento civil dirigido a los padres por lo que hacen sus hijos menores. Esto es una acción paralela a la cuestión penal por lo que no es necesario esperar ninguna sentencia”.
En ese sentido, se reiteró que las amenazas en ámbitos escolares constituyen conductas tipificadas en el Código Penal y que, además de las responsabilidades penales que pudieran corresponder, generan consecuencias económicas que serán reclamadas por el Estado.
Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a la responsabilidad de las familias y al acompañamiento de niñas, niños y adolescentes, destacando la necesidad de abordar estas situaciones con seriedad y conciencia sobre sus efectos.
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