La administración británica de las Islas Malvinas prorrogó por cinco años las licencias vigentes para actividades petroleras offshore, en una nueva escalada de la disputa con Argentina por la explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sur.
La medida permitirá a las empresas que ya cuentan con permisos continuar con sus actividades de exploración y explotación durante ese período. Además, las licencias podrán extenderse por otros dos años si las compañías cumplen con los programas de trabajo establecidos.
La decisión fue respaldada por las autoridades de las islas. Cheryl Roberts, integrante de la Asamblea Legislativa isleña y responsable de las áreas de Comercio, Industria y Recursos Minerales, sostuvo que las prórrogas brindan seguridad a los operadores para continuar invirtiendo y desarrollando las áreas asignadas.
“Son recursos nuestros que debemos desarrollar”, afirmó la funcionaria.
Sea Lion, el principal proyecto petrolero
Uno de los proyectos alcanzados por la extensión de las licencias es Sea Lion, ubicado en la cuenca norte de Malvinas, a unos 220 kilómetros del archipiélago. El emprendimiento está encabezado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, que poseen el 65% y el 35% del proyecto, respectivamente.
Las compañías tienen previsto iniciar la extracción de petróleo en marzo de 2028, con una producción proyectada de alrededor de 50.000 barriles diarios.
El desarrollo del proyecto se encuentra, además, bajo cuestionamiento judicial en Argentina. La jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, ordenó a Navitas y Rockhopper abstenerse de iniciar, continuar o ejecutar las obras necesarias para poner en funcionamiento Sea Lion.
La resolución fue dictada a partir de una presentación de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y el Centro de Excombatientes de Malvinas de La Plata.
Argentina cuestiona las licencias británicas
Además de Navitas y Rockhopper, otras empresas cuentan con permisos exploratorios en la zona, entre ellas las británicas Borders & Southern y Desire Petroleum Limited y la canadiense JHI Associates.
Argentina sostiene que las licencias otorgadas por la administración británica son ilegales y que cualquier actividad vinculada con la exploración y explotación de hidrocarburos en el área requiere autorización argentina.
El Reino Unido rechaza ese planteo y sostiene que Argentina no tiene jurisdicción sobre las empresas que operan en las islas. Londres también reivindica el derecho de los habitantes del archipiélago a administrar sus recursos naturales.
En ese marco, Argentina invoca la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que insta a ambas partes a abstenerse de adoptar decisiones unilaterales que modifiquen la situación mientras permanezca pendiente una solución sobre la soberanía de las islas.
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