El presidente de Paraguay, Santiago Peña, presentó su renuncia este jueves, luego de quedar acorralado por la crisis financiera desatada tras la intervención de Ueno Bank. La decisión se conoció en medio de una fuerte presión política y social, mientras la Cámara de Diputados avanzaba con el tratamiento de un pedido de juicio político en su contra y contra el vicepresidente Pedro Alliana.
El conflicto comenzó el martes 3 de noviembre, cuando el Banco Central del Paraguay dispuso iniciar el procedimiento de resolución de Ueno Bank, tras detectar graves problemas de solvencia. La medida dejó fuera de servicio las operaciones de la entidad y generó incertidumbre entre sus casi tres millones de clientes, que quedaron momentáneamente sin acceso a sus cuentas.
La entidad financiera también administraba importantes fondos de organismos públicos, lo que amplificó el impacto de la crisis. Además, el caso despertó cuestionamientos por los vínculos comerciales que Peña mantuvo con Ueno Holding, el grupo empresario al que estuvo asociado antes de asumir la Presidencia.
El juicio político y la pérdida de respaldo
La situación del mandatario se agravó cuando 35 diputados presentaron formalmente un pedido de juicio político contra Peña y Alliana. Entre los argumentos expuestos figuran presuntos conflictos de intereses, el manejo de fondos públicos y previsionales y los vínculos entre el Gobierno y la entidad financiera.
El escenario político se volvió todavía más complejo cuando sectores del propio oficialismo acompañaron el avance del proceso, debilitando el respaldo del Partido Colorado al Presidente.
El mensaje de renuncia
Al comunicar su decisión, Peña sostuvo que su prioridad era preservar la estabilidad del país y garantizar una salida a la crisis que atraviesan los ahorristas.
“Ningún cargo puede estar por encima del país”, expresó el mandatario. También manifestó: “La historia se encargará de juzgar los acontecimientos que hoy nos toca vivir”.
La renuncia abre un nuevo escenario institucional en Paraguay, mientras las autoridades deberán definir los pasos para garantizar la continuidad del Gobierno y resolver las consecuencias de la crisis bancaria.
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