Que una medida tributaria dure apenas tres días (a lo sumo) es, por si misma, un símbolo perturbador. Evidencia la ausencia de un plan de estado y la prevalencia del atajo político. Pero cuando esas 72 horas de exención favorecen mayoritariamente a grandes empresas, mientras los productores quedan afuera, la operación se convierte en algo más cercano a una transferencia express que a una política seria.
El gobierno de Javier Milei decretó la suspensión temporal de las retenciones a las exportaciones de granos, sus derivados y carnes, con un tope de US$7.000 millones en operaciones libre de derecho, o hasta el 31 de octubre, lo que ocurriera primero.
Pero el diseño del beneficio fue tan agresivo como breve: ese monto se alcanzó en pocas horas, precipitando el restablecimiento automático de las retenciones. En la práctica, el supuesto “premio” a los exportadores fue capturado, en su mayoría por unas pocas compañías con capacidad operativa, instrumental y financiera para moverse a velocidad récord.
Según los datos oficiales:
Se registraron 19,5 millones de toneladas bajo Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) exentas de retenciones.
Cinco empresas concentraron el 72% del total de esos embarques libres de retención: LCD (18,2%), Cargill (17,8%), Bunge (13,6%), Aceitera General Deheza (12,8% y Cofco (9,5%).
En total, siete exportadoras acumularon 17 millones de toneladas, es decir el 86% del volumen anotado con beneficio fiscal.
Empresas como LCD lideraron con más de 3.546.300 toneladas registradas durante ese lapso.
En suma: la medida diseñada para captar divisas, fue aprovechada casi exclusivamente por compañías con fuerza logística, solvencia financiera y conexiones para anticiparse. Los productores, especialmente medianos y pequeños, quedaron relegados o directamente excluidos del acceso real al beneficio.
Es más: hubo denuncias judiciales ya presentadas por “administración fraudulenta” y “abuso de autoridad” contra autoridades nacionales y empresas exportadoras por la manera en que se concedió la exención.
El ejecutivo defendió la medida diciendo que era esencial para acelerar la liquidación de reservas y calmar la presión cambiaria. Pero el resultado fue una ráfaga de operaciones concentradas, más que una estabilización duradera.
La rapidez con la cual se agotó el cupo puso en evidencia que el teórico encaje institucional (la restricción del monto) no fue más que un artificio: la meta era modesta frente al volumen real del comercio exterior agroindustrial.
Los analistas que consultamos en la radio durante toda la semana lo ven como un ejercicio electoral: abrir la puerta, recibir el flujo rápido de dólares, mostrar movimiento y luego cerrarla. En el medio, las grandes exportadoras se adelantan a adjudicarse beneficios. Y cuando el “exceso” dispara voces críticas, internas o externas, se vuelve al régimen anterior con minimización de costos políticos.
De hecho fuentes oficiales confirmaron que la suspensión del derecho de exportación para la carne, bovina y aviar, seguirá operando hasta el 31 de octubre, sin cupo. Esto refuerza la impresión de que el gobierno seleccionó donde sostener la retención 0 y dónde limitarla, favoreciendo cadenas con mayor visibilidad política.
La interpretación electoralista no es gratuita: estamos a pocas semanas del 26 de octubre, fecha de los comicios legislativos.
Esta semana, Ricardo Buryaile, productor agropecuario y exministro de Agroindustria en la gestión de Mauricio Macri, evidenció lo predecible de la medida a la que describió como “poner a los lobos a cuidar las ovejas”, y dejó a los productores sin los beneficios que les habían prometido.
Buryaile también cuestionó las presiones externas sobre las políticas económicas de Argentina. Señaló por LT9 que el reciente posteo en la X de Scott Benson, secretario del Tesoro de los Estados Unidos, instando a Argentina a eliminar las “vacaciones impositivas”, pone en evidencia cómo las políticas internas del país están siendo influenciadas por los intereses de grandes potencias como Estados Unidos.
Los perdedores detrás del show
No toda la cadena agroexportadora disfrutó del viento de cola. Varios factores hablan de ganadores y perdedores claramente delineados.
- 1 Productores pequeños y medianos: muchos ya habían comercializado su producción y no contaban con volumen suficiente para movilizarse tan rápido. Quedaron afuera del “régimen express”.
- 2 El Estado y la recaudación: se renunció a recaudar unos US$1.600 millones aproximadamente por esos días. El ex subsecretario Javier Preciado Patiño estimó que, sobre una masa recaudatoria promedio, ese monto equivale a un recorte considerable en la capacidad fiscal.
- 3 Transparencia institucional: el episodio alimenta la percepción generalizada de discrecionalidad, puertas giratorias e inequidad. Cuando las decisiones tributarias dependen del reflejo urgente y no de un análisis estructural, se erosiona la confianza.
- 4 Sectores sin lobby: las economías regionales, los pequeños y medianos productores de maíz o cultivos no tan estratégicos, quedaron al margen: no se observan ventajas similares en los datos consolidados.
Lecciones urgentes
Un país que diseña medidas tributarias para que duren dos o tres días revela que no cree en el poder de las políticas a largo plazo. Las decisiones económicas deben construirse con previsibilidad, no con volantazos. Todos los actores del campo que consultamos en los últimos días pidieron justamente eso: previsibilidad.
Hay que decir también que si una medida de estímulo pretende beneficiar al sector productivo, su instrumentación no puede estar sesgada hacia los más grandes. Debería incluir mecanismos de distribución proporcional o cupos regionales. Y aquí no las hubo.
Que una exención de pocas horas se presente como “alternativa permanente”, aunque no lo sea, termina por desnaturalizar los impuestos como herramienta de política fiscal activa.
El experimento de las retenciones 0 que duraron apenas 72 horas fue menos un gesto de alivio y más un pase relámpago para las grandes agroexportadoras. El éxodo fugaz del régimen tributario se convirtió en una operación de beneficio concentrado, diseñada para captar dólares sin fortalecer cadenas productivas ni distribuir equitativamente el incentivo.
Este episodio confirma que, en Argentina, los atajos fiscales terminan favoreciendo a quienes tienen mayor poder de lobby, fuerza financiera o capacidad de reacción. Y que, detrás de la urgencia, se esconde una derrota sistemática para quienes no pueden competir en velocidad.
Queda pendiente una pregunta: si este modelo se repite cada nueva crisis o cada elección ¿no termina siendo la misma estructura del Estado la que queda en deuda, no con sectores específicos, sino con toda la sociedad?
