El sistema de emergencias 911 de la provincia de Santa Fe volvió a quedar bajo análisis por el impacto que generan las alarmas privadas en su funcionamiento cotidiano. En Rosario, entre el 1 de enero y el 14 de diciembre de 2025, se registraron 103.910 llamados de empresas de monitoreo, aunque solo 358 tuvieron una novedad confirmada.
Desde el Gobierno provincial advirtieron que este volumen de avisos fallidos afecta de manera directa la atención de emergencias reales. La mayoría de las alertas responde a fallas técnicas o situaciones domésticas y no a hechos delictivos, lo que provoca una sobrecarga innecesaria del sistema.
Cada intervención implica al menos 20 minutos de trabajo y la participación de dos efectivos policiales. En menos de un año, esta dinámica representó un costo superior a los 500 millones de pesos para el Estado, con más de 69 mil horas de labor policial y 34.637 horas de patrullaje destinadas a situaciones que no derivaron en emergencias.
En ese contexto, el Ejecutivo impulsa una nueva ley de alarmas para ordenar el sector, proteger a las empresas que cumplen con la normativa y priorizar el uso de los recursos públicos. El objetivo es garantizar que el 911 esté disponible para responder con rapidez cuando la emergencia es real.
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