Regional

Santa Fe impulsa remates de activos incautados como herramienta clave contra el crimen

En Rosario se desarrolló una nueva jornada con amplia participación federal. La convocatoria reunió a miles de inscriptos interesados en distintos bienes. Además, la iniciativa busca devolver recursos a la sociedad.

El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó en Rosario una nueva subasta de bienes decomisados al delito, en un evento que convocó a más de 5.400 personas provenientes de 23 provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Durante la jornada, los participantes pujaron por 150 lotes que incluían vehículos, motocicletas e incluso una aeronave, en lo que se consolidó como la mayor subasta de este tipo en el país.

El mandatario provincial destacó que esta política pública apunta a debilitar las estructuras del crimen organizado mediante el decomiso y la reutilización de los activos obtenidos ilegalmente. En ese sentido, remarcó que los recursos generados son destinados a reparar a las víctimas y a fortalecer instituciones, como parte de una estrategia integral de seguridad.

Desde el gobierno provincial subrayaron que el mecanismo forma parte de un plan más amplio que articula prevención policial, investigación judicial y recuperación de bienes. Según indicaron funcionarios del área, el objetivo es cortar el circuito económico del delito y reducir los márgenes de acción de las organizaciones criminales.

En esa línea, también se resaltó el impacto de las subastas anteriores, que permitieron recaudar más de 3.500 millones de pesos. Esos fondos fueron utilizados para asistir a más de 60 entidades y sostener políticas públicas vinculadas a la seguridad y la inclusión social.

Por otra parte, el proceso cuenta con estrictos controles de seguridad. Los interesados deben inscribirse previamente y sus datos son verificados por organismos provinciales para evitar vínculos con actividades ilícitas. Asimismo, en el caso de los vehículos, se garantiza la reasignación de patentes, lo que elimina cualquier relación con sus antiguos propietarios.

La iniciativa es gestionada por la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales, organismo encargado de administrar los bienes secuestrados en causas judiciales y de darles un destino social útil, ya sea mediante subastas, asignaciones a instituciones o su disposición final.

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