El Senado convirtió en ley la reforma laboral oficialista, en el marco de un período de sesiones extraordinarias marcado por el blindaje del Congreso ante movilizaciones en rechazo a la medida. La votación final registró 42 apoyos provenientes de La Libertad Avanza, UCR, PRO y aliados provinciales de Neuquén, Misiones, Tucumán y Salta, mientras que el peronismo se opuso con 28 votos y hubo dos abstenciones de miembros del bloque de Santa Cruz.
Los defensores de la iniciativa sostuvieron que la reforma actualiza la legislación laboral, ofreciendo mayor certeza jurídica para la contratación en relación de dependencia. La participación en el debate de los bloques oficialistas fue acotada: intervino el miembro informante, dos senadoras del PRO (Huala y Cristina) y cerró Patricia Bullrich, quien aseguró que la norma rompe con “un sistema en donde nadie contrata a nadie”.
Por su parte, la oposición criticó el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), al considerarlo un subsidio al despido por parte del Estado, cuestionó la eliminación de la ley de Teletrabajo y la derogación de estatutos. Además, advirtieron que la reglamentación podría ser judicializada y convocaron a la CGT para movilizarse a Tribunales.
Entre los cambios más relevantes de la reforma se destacan:
Banco de horas: reemplaza pagos extras por un sistema de compensación con jornadas más cortas o días libres, respetando 12 horas mínimas de descanso entre jornadas y 35 horas semanales.
Fondo de Asistencia Laboral (FAL): establece un esquema con aportes patronales para el pago de indemnizaciones, con diferencias que deberán cubrir los empleadores si los fondos no alcanzan.
Vacaciones: permite fraccionarlas en períodos de mínimo 7 días y asegura receso en verano al menos cada tres años.
Servicios esenciales: telecomunicaciones, hospitales, recolección de residuos, transporte aéreo, tráfico portuario, aduanas, migraciones y educación (excepto universitaria) deben garantizar al menos 75 % de funcionamiento.
Blanqueo laboral: incentivos impositivos por cuatro años para quienes contraten desempleados o monotributistas y ventana de seis meses para regularizar trabajadores no registrados.
Eliminación de ultraactividad y estatutos: los convenios colectivos dejarán de extenderse automáticamente tras su vencimiento, y se eliminarán estatutos especiales desde el 1° de enero de 2027.
Financiamiento del cine: a partir de 2028, el INCAA dependerá únicamente del presupuesto nacional, sin porcentaje automático de recaudación.
Trabajadores de plataformas: reglamenta seguros de salud y obligaciones, sin crear relación de dependencia automática.
Asambleas: requerirán autorización previa y los empleados no percibirán salario durante las mismas.
Con la sanción de esta norma, el Gobierno consolida su cuarta aprobación legislativa en la semana y anticipa el inicio de un proceso de reglamentación que probablemente enfrente impugnaciones judiciales, mientras el peronismo mantiene su postura crítica y prepara estrategias legales para intentar frenar la implementación.
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