Un adolescente punible fue imputado este jueves como partícipe secundario del homicidio agravado (por el uso de arma de fuego) y de las dos tentativas de homicidio agravadas (también por el uso de arma de fuego) cometidas el lunes 30 de marzo en la escuela número 40 Mariano Moreno de la ciudad de San Cristóbal.
La atribución delictiva fue realizada por la fiscal de la Unidad Fiscal Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente (UFERPA) de la Fiscalía Regional 5, Carina Gerbaldo, y por el fiscal de San Cristóbal, Mauricio Spinosa, en el marco de una audiencia llevada a cabo en los tribunales sancristobalenses.
Luego de realizar la atribución delictiva, los funcionarios del MPA solicitaron el alojamiento en un instituto de puertas cerradas del adolescente investigado, medida a la que se hizo lugar y el tribunal dispuso que sea por 90 días.
Los fiscales Gerbaldo y Spinosa le hicieron saber al adolescente los hechos con apariencia de delito que se le atribuyen y solicitaron la cautelar de encierro a los efectos de preservar la investigación en esta etapa inicial y también para resguardar a las víctimas.
De la audiencia llevada a cabo este mediodía participaron familiares de las víctimas de los ilícitos cometidos en el establecimiento escolar.
Calificación penal
El MPA le atribuyó al adolescente ser partícipe secundario del homicidio agravado (por el uso de arma de fuego) y de las dos tentativas de homicidio agravado (por el uso de arma de fuego), calificación penal a la que se hizo lugar judicialmente.
De acuerdo con lo señalado por los fiscales en la audiencia, la participación secundaria se configuró ya que el adolescente prestó colaboración a quien realizó los disparos, aunque esa ayuda no fue esencial o determinante.
En la audiencia, los fiscales del MPA también sostuvieron que hay evidencias contundentes de que el adolescente punible conocía las intenciones del autor del ataque, y lo revalidó a concretar su objetivo delictivo.
En función de que se trata de un caso de responsabilidad penal adolescente, se solicita a los medios de comunicación extremar los recaudos y tomar todas las precauciones necesarias para una correcta difusión de información, de acuerdo con la normativa local, nacional e internacional relacionada con la protección de la intimidad de personas menores de 18 años.
