Mário Fernandes, militar retirado del Ejército brasileño, admitió ante la Corte Suprema que fue autor del documento conocido como “Puñal Verde y Amarillo”, una pieza que, según la fiscalía, integraba un esquema para impedir la transición democrática tras las elecciones de 2022.
El general en retiro confesó este jueves, durante una declaración judicial, que redactó un documento que incluía la eliminación física del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Su testimonio se dio en el marco del proceso que investiga al exmandatario Jair Bolsonaro por un supuesto intento de golpe de Estado para evitar el traspaso de mando.
Fernandes, quien se desempeñó como jefe sustituto de la Secretaría General de la Presidencia durante la gestión de Bolsonaro, explicó que elaboró el texto en el Palacio de Planalto, aunque aseguró que se trataba de una “reflexión personal” y que el contenido nunca fue compartido.
“Fue solo un pensamiento individual, una recopilación de información, un análisis propio de la situación”, sostuvo ante el Supremo Tribunal Federal a través de una videoconferencia. Afirmó haber destruido el documento luego de imprimirlo y negó haberlo mostrado a otras personas.
No obstante, para la fiscalía, el texto formaba parte de este operativo denominado “Puñal Verde y Amarillo”, el cual habría contemplado la ejecución de Lula, del entonces vicepresidente electo Geraldo Alckmin y del juez Alexandre de Moraes, responsable de juzgar a Bolsonaro.
El Ministerio Público sostiene que el militar llevó el documento a la residencia oficial de la Alvorada el 6 de diciembre de 2022 para mantener reuniones con el entonces presidente Bolsonaro. Ese mismo día, según los investigadores, el ex jefe de Estado también recibió un borrador de decreto que buscaba anular los resultados electorales.
Según la acusación, la estrategia apuntaba a desconocer la victoria de Lula en las urnas y frustrar su asunción, prevista para el 1 de enero de 2023. El plan, sin embargo, no se concretó por la falta de respaldo dentro de las Fuerzas Armadas.
El caso involucra a más de treinta exfuncionarios de alto rango del gobierno anterior, entre ellos Bolsonaro, quien gobernó entre 2019 y 2022. La Justicia los acusa de haber intentado alterar el orden democrático tras perder la segunda vuelta electoral.
Este plan habría estado previsto para el 15 de diciembre de 2022. Su objetivo era eliminar a las principales autoridades del gobierno entrante, así como al magistrado encargado de validar el proceso electoral.
