El vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y rector de la Universidad Nacional de Río Negro, Anselmo Torres, advirtió sobre el agravamiento del conflicto entre las universidades públicas y el Gobierno nacional, en medio de una nueva semana de paro convocada por gremios docentes y la falta de aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
En diálogo con “Está Pasando”, el panorama informativo de LT9, Torres explicó que la situación judicial sigue ahora en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, luego de que el Gobierno apelara el fallo favorable al amparo presentado por las universidades. “La ley fue promulgada, pero el Ejecutivo decidió no aplicarla porque entiende que afecta el objetivo de déficit fiscal cero” sostuvo.
El dirigente universitario recordó que el reclamo judicial impulsado por el CIN se concentra únicamente en dos puntos de la ley, que son los salarios y las becas estudiantiles. Torres señaló que la falta de actualización presupuestaria ya genera consecuencias concretas en las universidades nacionales.
En el caso de la Universidad Nacional de Río Negro, describió un escenario de fuerte deterioro financiero. Explicó que la institución debió reducir alquileres, postergar mantenimiento edilicio, limitar compras de insumos para laboratorios y frenar la actualización tecnológica y del parque automotor. En este sentido, reveló que la Casa de Altos Estudios enfrenta actualmente un déficit operativo mensual cercano a los 100 millones de pesos.
Sobre la posibilidad de que alguna universidad no pueda completar el ciclo lectivo, evitó hablar de cierres, aunque reconoció la gravedad de la situación presupuestaria. “Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para mantener las universidades abiertas” afirmó.
Por último, Torres respondió a la “desacreditación institucional” hacia el sistema universitario público que viene impulsando el Gobierno Nacional. En este sentido, cuestionó las acusaciones de adoctrinamiento y la falta de transparencia presupuestaria, y aseguró que las universidades nacionales rinden cuentas permanentemente ante el Estado. “No hicieron una sola auditoría, pero tienen toda la información de cómo se gastan los recursos” concluyó.
